El máximo tribunal penal, con las firmas de los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, consideró que se trató de delitos de lesa humanidad y se basó para ello en el fallo de la Cámara Federal en el juicio a los comandantes de la última dictadura.
«Los hechos aquí juzgados –ocurridos en diciembre de 1975- formaron parte de un plan dirigido contra un sector disidente de la población civil que no se diferencia de los hechos que tuvieron lugar en el marco del plan sistemático y criminal instaurado durante la última dictadura militar», sostuvieron los jueces.
El fallo recordó que en el juicio a los comandantes el tribunal «destacó que ya con anterioridad al golpe de estado del 24 de marzo de 1976 se advertían prácticas de represión ilegal llevadas a cabo por las propias agencias estatales», como antecedente directo de la represión de Estado desatada tras la instauración de la dictadura.
Españadero -alias «Mayor Peña» o «Mayor Peirano»- se desempeñaba como Jefe de la División Situación General del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino y fue condenado por un operativo ilegal que tuvo lugar entre el 8 y 9 de diciembre de 1975.
Maximina Ruiz Paz de Santucho, María Ofelia Santucho, Ana Cristina Santucho, Marcela Eva Santucho, María Susana Santucho, María Silvia Santucho, María Emilia Santucho, Gabriela Inés Santucho, Mario Antonio Santucho y Esteban Abdón fueron secuestrados por el Ejército Argentino durante la celebración de un cumpleaños en una vivienda de Morón.
Todo indica que la patota buscaba a Mario Roberto Santucho, quien murió en 1976 durante un supuesto enfrentamiento en el que también cayeron Liliana Delfino (su segunda pareja), Benito Urteaga, Domingo Mena, Fernando Gertel y Ana María Lancillotto.
Los secuestrados fueron trasladados al centro clandestino de detención conocido como Protobanco-Puente 12, donde sufrieron tormentos y fueron trasladados casi todos un día más tarde a la Comisaría de Quilmes y, en última instancia, al hotel Splendid, ubicado en el barrio de Flores.
El grupo familiar de Santucho obtuvo finalmente asilo en la Embajada de Cuba y tras un año allí lograron viajar a La Habana.
Españadero fue condenado como autor de los delitos de «privación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos y abuso deshonesto».
El ex agente de inteligencia también fue condenado por otros casos de violaciones a los derechos humanos ya durante el régimen que sojuzgó a la Argentina entre 1976 y 1983.
