Se trata del expediente en el que una vecina, Nilda Lilian Melhem, está imputada por los carteles que aparecieron en barrios de la Capital Federal en abril pasado con leyendas que calificaban a la vicepresidenta de «asesina» y se la responsabilizaba por 35 mil muertes por la pandemia.
Juan Ignacio Albistur, hijo del histórico publicista peronista y concesionario de la cartelería pública en la Capital Federal, fue el denunciante original en la causa argumentando que «tenía el derecho de uso de las carapantallas en las que se pegaron carteles con contenido ofensivo» hacia Cristina Kirchner.
Pero el juez Sebastián Casanello le rechazó la condición de querellante y ahora la Cámara Federal, en un fallo firmado por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, ratificó esa decisión.
El fallo explicó que para ser querellante es necesario «un plus en el legítimo interés que exceda aquél que resguarda el Ministerio Público Fiscal, el que ha de revelarse ante la existencia de un especial, concreto y directo perjuicio para quien pretende constituirse en parte».
En ese sentido, los camaristas descartaron «la hipótesis según la cual se colocaron carteles con el mensaje destacado en la denuncia (dirigido a un tercero que ostenta el rol de parte querellante en esta causa) no demuestra que la empresa representada por el apelante haya sufrido, a raíz de ese hecho, un perjuicio especial, concreto y directo».
«La presentación originaria solo contiene la solicitud, sin una explicación que lleve a conocer el cimiento de la legitimación invocada, y sin un detalle de los documentos en los que se respaldaría esa requisitoria», abundaron.
En la causa sí fue aceptada como querellante Cristina Kirchner.
La vecina imputada por el encargo y la pegatina de los afiches vive en Recoleta y se manifestó ofuscada por el manejo oficial de la pandemia, que causó la muerte de su padre, de 93 años de edad.
