Así lo consignó al ordenar el secuestro de manuscritos y anotaciones pertenecientes a Bacigalupo, el amigo al que Centeno le entregó los cuadernos en los que, según dijo, anotó los viajes que realizó con Baratta para recaudar coimas de empresarios de la obra pública.
«No puede descartarse una posible participación del nombrado en las alteraciones y/o modificaciones de los manuscritos cuestionados», sostuvo el juez, al ordenar el allanamiento que se concretó la semana pasada en la casa de Bacigalupo.
Martínez de Giorgi investiga una denuncia del empresario Armando Loson, titular del Grupo Albanesi –que se dedica al negocio de la energía-, quien, en un peritaje privado, detectó cientos de adulteraciones sólo en lo que se refiere a las anotaciones referidas a él.
Las adulteraciones fueron corroboradas «a través del peritaje scopométrico realizado por este Juzgado, sobre las copias digitales de aquellos a los que pudo acceder por autorización del Tribunal Oral Federal Nº 7, ante el que tramita aquella causa», sostiene el documento.
El juez describió que «con el objeto de establecer la identidad del autor de aquellas modificaciones de las escrituras originales, el pasado 6 de diciembre de 2022, se ordenó practicar un examen pericial caligráfico, tomando como indubitables los elementos digitales aportados por el Tribunal Oral».
Esos elementos «fueron confrontados con aquellos pertenecientes a Hilda Horovitz (la ex mujer de Centeno) y a Jorge José Bacigalupo, quien habría sido la persona que tuvo en custodia los cuadernos originales».
Horovitz fue descartada, pero «en lo que atañe a Jorge José Bacigalupo, los especialistas no pudieron afirmar con certeza, ni descartar su intervención».
El juez reconoció que «las mismas resultan insuficientes en calidad y en cantidad para determinar categóricamente si corresponden o no al puño escritor del nombrado», por lo que ordenó allanar su casa para buscar otros papeles con anotaciones.
Bacigalupo, oficial retirado de la Policía Federal, «no tiene otros registros laborales -ni del sector público, ni privado- cuya información permitiría acceder y contar con indubitables para elaborar conclusiones determinantes en el examen pericial caligráfico», resumió el juez sobre la base de un informe de la AFIP.
