CONFIRMAN A UN JUEZ RECUSADO POR OTRO EN UNA CAUSA POR LOS TRASLADOS POR DECRETO DE UN TRIBUNAL A OTRO

 Castelli, -quien reclamo por su traslado de un tribunal bonaerense al que debe celebrar el juicio por la Causa Cuadernos- había recusado a Boico por «temor de parcialidad».
   La recusación se basó en un reportaje que Boico concedió cuando era abogado y aún no había asumido como camarista federal.
   En forma genérica, sobre los traslados de jueces por decreto, el hoy camarista opinó que esa es «una herramienta a veces funcional al Gobierno de turno si es que el gobierno de turno quiere manipular y operar la Justicia».
   «Se produjeron nombramientos sin haber pasado por concurso, donde se pusieron Tribunales sin la habilitación correspondiente por parte de la Corte y tampoco de los concursos pertinentes, donde van jueces de un lado hacia otro», analizó Boico.
   Castelli –quien incluso llevó su reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- también objetó a Boico porque «integró en sus inicios» la agrupación Justicia Legítima, que cuestionó los traslados de jueces por decreto.
   Pero el camarista Mariano Llorens, al evaluar la recusación, sostuvo que «los argumentos expuestos no resultan suficientes para justificar una solución como la propuesta, fracasando el incidentista a la hora de demostrar la ocurrencia de las causales de recusación que invoca».
   Castelli denunció penalmente al ex presidente del Consejo de la Magistratura Diego Molea, quien encabezaba ese cuerpo cuando resolvió dejar sin efecto el traslado de Castelli y de otros jueces, entre ellos los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.
   Los tres siguen actualmente ocupando los mismos cargos, por una decisión de la Corte Suprema.
   Justamente Bruglia y Bertuzzi se excusaron de intervenir en esta causa, por lo que fue convocado Boico.
   «No se advierte» que las opiniones vertidas por Boico antes de ser juez «puedan implicar un caso de prejuzgamiento ni que posean la entidad suficiente como para dudar de su imparcialidad».
   «Llegado el caso –añadió Llorens-, el recusante cuenta con las herramientas previstas por la ley procesal para cuestionar el mérito de las decisiones jurisdiccionales que estime violatorias del ordenamiento legal».