Se trata de los camaristas Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, quienes habían anulado la investigación cuando Rigau fue sorprendido en un cajero automático realizando decenas de extracciones con tarjetas de débito de personas que figuraban como empleados bonaerenses.
El procurador denunció el «patente mal desempeño y su grosero apartamiento del orden legal» de ambos jueces.
«A través de un razonamiento arbitrario -canalizado, además, por una vía improcedente-, el decisorio terminó por provocar un daño de tal trascendencia y gravedad que hiere gravemente a los poderes del Estado en general, y a la administración de justicia, en particular», subrayó el procurador sobre la decisión de los camaristas de anular la causa contra Rigau.
Conte Grand impulsó el juicio político ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, a la que pidió además la inmediata suspensión en el cargo de ambos magistrados.
Los jueces están sometidos también a un proceso administrativo ante la Suprema Corte bonaerense, como superintendencia del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.
La nulidad dictada por los camaristas ahora sometidos al proceso de juicio político fue revocada por la Cámara de Casación bonaerense, lo que permitió reabrir la investigación y volver a disponer la detención de Rigau.
El delito por el que está imputado es el de defraudación en perjuicio de la administración pública, en el contexto de un supuesto financiamiento ilegal de actividades políticas.
A la par que tramita la causa penal, se disparó el procedimiento para juzgar la conducta de los camaristas por un tribunal que estará integrado por seis legisladores, seis conjueces y un integrante de la Suprema Corte.
La última vez que intervino un tribunal de esas características fue para destituir al juez de Garantías de Avellaneda Luis Carzoglio, el 9 de marzo pasado.
La presentación de Conte Grand se suma a la que ya habían formulado los dirigentes de Juntos por el Cambio Javier Iguacel, Ricardo López Murphy y María Eugenia Talerico.
