Se trata sólo de la comprobación de una denuncia del empresario Armando Loson, quien formuló la acusación sobre la adulteración de los elementos de prueba en su contra a partir de un peritaje privado que identificó más de 1.600 tachaduras, correcciones, borratinas y sobre escrituras sólo en lo vinculado con él.
En marzo pasado, el juez Marcelo Martínez de Giorgi había dado por probadas las irregularidades pero ordenó una serie de medidas de prueba para identificar quién pudo haberlas cometido.
Centeno, el chofer del ex subsecretario de Control y Gestión del Ministerio de Planificación Roberto Baratta, dijo haber entregado los manuscritos a su amigo Bacigalupo.
El juez Martínez de Giorgi ordenó el secuestro de manuscritos y anotaciones pertenecientes a Bacigalupo y el cotejo realizado por los expertos en escopometría arrojó resultado positivo.
La experticia fue suscripta por el jefe de la División Escopometría, comisario Alejandro Centofanti; la inspectora Analía Noemí Ojeda e incluso peritos de parte, Guillermo y Gastón Latour y Jorge Baz.
«No puede descartarse una posible participación del nombrado en las alteraciones y/o modificaciones de los manuscritos cuestionados», sostuvo el juez en aquella oportunidad.
El peritaje confirmó aquella sospecha.
El nuevo dato amenaza con alterar aún más el desarrollo de la etapa de juicio oral a la que ya fue elevado el expediente Cuadernos.
La fiscal de Juicio, Fabiana León, pidió en abril pasado que Martínez de Giorgi declinara su intervención ya que Loson es acusado en el expediente que lleva adelante ella, y querellante en un mismo contexto en la que instruye el juez.
«Todo nuestro sistema jurídico se hallaría desnaturalizado si cada uno de los imputados en un caso presentara su propia hipótesis ante un nuevo Tribunal y desde allí se otorgue una interpretación distinta de ese mismo suceso», había advertido la fiscal.