Mariano La Rosa, defensor oficial ante los Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias, recomendó hacer lugar al amparo presentado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo federal número siete, a cargo del juez subrogante Edgardo Lara Correa.
La ACIJ basó su pedido en el decreto 840/20, que sostiene que los adolescentes de 16 y 17 años cuentan con la autonomía suficiente para administrar por sí mismos la prestación que el Estado destina para garantizar su alimentación y educación.
Sin embargo, adujo la ONG, «la misma normativa les niega en la práctica la posibilidad de ejercer este derecho al requerir la conformidad parental para el cambio de titularidad del cobro».
«Eso conlleva una vulneración a su autonomía y -para quienes se encuentran distanciadas/os de sus familias- una total desprotección de sus derechos», añadió la ACIJ.
Justamente sobre un caso de esa naturaleza se pronunció el defensor oficial La Rosa: una adolescente que «se encuentra actualmente viviendo fuera del ámbito de su familia de origen desde el mes de agosto debido a que su madre decidió echarla y dejar de pagar la habitación que funcionaba como su lugar de vivienda, prohibiéndole regresar al hogar, colocándola en situación de gran vulnerabilidad».
«Su progenitora percibiría el beneficio social de la AUH. El Estado está obligado a prestar dicha asistencia a quien ejerza efectivamente los deberes de protección, desarrollo y formación integral de los niños, niñas y adolescentes, y en el caso particular actualmente no son ejercidos por persona alguna», destacó el defensor oficial.
«La joven manifiesta tener la capacidad suficiente para recibir y administrar sus bienes. Respecto de su condición de persona capaz, considerando que los ingresos que sean percibidos en virtud del beneficio pueden ser válida y eficientemente administrados por la adolescente en ejercicio de sus derechos, se entiende que deben estar garantizados por el respeto de su capacidad progresiva, su edad y grado de madurez y la progresión de su autonomía personal», añadió el dictamen.
«Dicha solución, es la más respetuosa de la personalidad de la adolescente de autos y la que más se condice con su interés superior y de su consideración como sujeto de derechos, es que resulta imperativo el cambio de titularidad de la asignación universal por hijo que ostenta actualmente la madre a favor de su hija», evaluó.
El expediente, identificado con el número 69037/2022, es en rigor un amparo colectivo para que la ANSES implemente de forma urgente un mecanismo para que este grupo de adolescentes en condición de desprotección pueda comenzar a cobrar su propia AUH.
En tales casos, la prestación la suelen cobrar personas adultas que no tienen vínculo con las y los adolescentes, impidiendo que puedan hacer uso de esos ingresos para cubrir sus necesidades, advirtió la ACIJ.
