Luego de que el líder libertario subrayara en todo 2023 que «el que las hace las paga», el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, formalizó este miércoles la creación de una Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación a través de la Resolución 25/2024 publicada en el Boletín Oficial.
Ese grupo de trabajo tendrá a su cargo la «elaboración de un anteproyecto de ley de reforma y actualización integral del Código Penal de la Nación, que concentre toda la legislación penal en un único cuerpo normativo».
La comisión tendrá como miembros al propio Cúneo Libarona y a los doctores Jorge Eduardo Buompadre; Horacio Jaime Romero Villanueva; Julio César Báez; y Ricardo Ángel Basílico: todos actuarán en carácter ad honorem.
Para fundamentar la reforma y actualización del Código Penal, el ministro de Justicia advirtió que durante los 100 años de vigencia del cuerpo normativo se introdujeron gran cantidad de modificaciones «afectando seriamente a lo largo del tiempo su coherencia interna original».
«Asimismo, se han promulgado diversas leyes que incorporaron tipos penales sin integrarse al Código Penal de la Nación, lo que ha resentido la sistematicidad del régimen punitivo, e implica en la práctica apartarse del criterio de codificación unificada en materia penal, tal como lo determina el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional», planteó el funcionario nacional.
Tras recordar que en los últimos 20 años se registraron diversos intentos por abordar esa problemática, Cúneo Libarona remarcó que «subsiste la necesidad de lograr una adecuada sistematización y ordenamiento de toda la normativa penal, abordando las modificaciones necesarias».
«Dicha tarea deberá tener en consideración, por un lado, los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, en los términos del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, y por otro los avances en materia de integración regional del país, favoreciendo la armonización de la legislación en sus aspectos fundamentales a fin de promover y facilitar la cooperación entre Estados y la implementación de estrategias coordinadas, elementos de máxima importancia ante ciertas modalidades delictivas como la delincuencia transnacional organizada», manifestó.
Y agregó: «Resulta imprescindible que la normativa punitiva nacional sea adecuada a los compromisos asumidos en el plano internacional, en particular en lo atinente a la vigencia de la protección de los derechos humanos y de la persecución del terrorismo, del narcotráfico y la corrupción, y de lavado de dinero y ciberdelito».
El titular de la cartera judicial destacó los «valiosos proyectos presentados en los últimos años que merecen consideración, en especial los dos últimos en los que intervinieron los doctores Roberto Carles y Mariano Borinsky».
