Las «sugerencias» de modificaciones a partes del articulado son, en realidad, condiciones que notificaron los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal para estampar la firma al dictamen de mayoría.
Si esos cambios no son incorporados a la nueva versión de proyecto de «Ley de Bases» que el Gobierno está reescribiendo -y cuyo resultado con la devolución a las propuestas podría conocerse este jueves-, estos bloques tienen decidido presentar un dictamen alternativo que amenaza con bloquear el tránsito del proyecto oficialista en el recinto.
«La oposición hizo una serie de sugerencias, el Gobierno tomó nota y ahora se está redactando de nuevo el proyecto, viendo que cambios se incorporan a pedido de la oposición y cuáles no», aclararon a NA fuentes cercanas a la presidencia de la Cámara baja.
Martín Menem recibió pasadas las 19 del miércoles en su despacho a Santiago Caputo, un colaborador del círculo chico del presidente Javier Milei.
Según pudo saber NA, dicha reunión se abocó a abordar la posibilidad de introducir cambios a pedido de los bloques opositores, como por ejemplo en la cuestión de la retenciones y la movilidad jubilatoria.
«Se charló sobre posibles mejoras. Si fuera por nosotros, vamos al recinto mañana, pero seguimos charlando. Queremos ir a fondo», señalaron otras fuentes que fueron testigos directos del cónclave.
El despacho de Menem se convirtió desde el lunes pasado en un constante trajinar de funcionarios del Gobierno y líderes parlamentarios de los distintos bloques de la oposición amigable, a saber: todas las bancadas opositoras a excepción de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.
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Estrategia semáforo de la oposición dialoguista
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El titular de la Cámara baja oficia en este momento de mensajero y punto de articulación entre el Gobierno nacional y los sectores de la «oposición amigable», que se mantienen firmes en su estrategia «semáforo»: dan luz verde a una serie de reformas, mientras declaran negociables otras que les generan dudas, y tachan definitivamente medidas que consideran indigeribles.
En luz roja se encuentran las facultades delegadas («superpoderes») al presidente Javier Milei por dos años con la posibilidad de prórroga por dos más, la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria sin un mecanismo de indexación alternativo, la suba de retenciones a la soja y otros productos de exportación, la reforma electoral basada en el modelo de uninominalidad y las privatizaciones en paquete.
En luz amarilla aparecen los cambios en el Código Civil y el traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, la eliminación de las PASO; el arancelamiento de estudios de Educación superior para extranjeros y la educación a distancia a partir del segundo ciclo de la escuela primaria, la desjudicialización de los divorcios y algunos ajustes a institutos de la Cultura.
En verde, en cambio, aparecen las sanciones penales y las restricciones al derecho de huelga y la protesta en la calle, la declaración de la educación y otros servicios como actividades esenciales, las reformas administrativas de simplificación del Estado, el blanqueo de capitales y la moratoria (aunque piden premios a los contribuyentes cumplidores), la desregulación del mercado de biocombustibles e hidrocarburos, la unificación de los entes reguladores de gas y electricidad, la evaluación continua a docentes y el examen final integrador al concluir la escuela secundaria.
