Mediante una acordada suscripta por todos los camaristas, el tribunal adoptó la decisión «frente a la considerable disminución de cuadros graves derivados de la pandemia de COVID-19».
El regreso a la presencialidad se producirá «sin descuidar la observancia de los protocolos aún vigentes en materia de seguridad sanitaria y el mantenimiento del uso de herramientas digitales que maximicen el desempeño de los Tribunales».
La acordada estableció que «a partir del 2 de mayo próximo todos los magistrados, funcionarios y personal del fuero deberán concurrir a sus respectivas sedes, cumpliendo con todas las medidas de seguridad e higiene sanitarias que se corresponden con los protocolos vigentes».
La medida contempla excepciones «por razones de salud», pero ellas «deberán ser debidamente acreditadas con la pertinente intervención del Departamento de Medicina Preventiva y Laboral, a fin de que se evalúe la situación de riesgo individual de quien la solicita».
Los jueces «podrán autorizar el trabajo remoto en casos particulares y limitados en el tiempo, por razones de mejor servicio que así lo justifiquen, acorde a las condiciones edilicias y tecnológicas de los respectivos espacios de trabajo».
Dicha resolución fue firmada por los camaristas Marcelo Lucini, Juan Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich, Ricardo Pinto, Mariano Scotto, Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López, Magdalena Laíño y Pablo Lucero.
