El abogado Lucio Simonetti le explicó presencialmente al tribunal los errores que, según su criterio, cometió la fiscalía al elaborar la acusación y pedir para Fatala la pena de cuatro años de prisión.
Simonetti señaló que su defendido no fue incluido en la acusación inicial que formuló el ex titular de Vialidad Nacional durante el Gobierno de Mauricio Macri, Javier Iguacel, sino que fue añadido mucho después de que tramitara la causa a raíz de un dictamen de los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques.
Pero, además, refutó la base de la imputación –formulada por el fiscal Sergio Mola- quien sostuvo que Fatala debió haber pedido informes de contralor sobre las obras que le eran adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez.
«No podía hacerlo, no tenía facultades para ello. Es como si una Sala de la Cámara de Casación le dijera a otra de igual jerarquía lo que tiene que hacer en un fallo. ¿Se imaginan una situación así? No podría pasar, porque no tienen la posibilidad ni la autoridad para hacerlo», ejemplificó.
Además, Simonetti recordó que ninguno de los testigos que declaró a lo largo de los tres años de juicio incriminó a Fatala y que los fiscales Diego Luciani y Mola le formularon una imputación por no haber adoptado conductas que la propia ley le impedía adoptar.
En el mismo sentido, el defensor subrayó que Fatala fue uno de los varios subsecretarios de obras públicas que desempeñaron esas funciones entre 2003 y 2015 –todo el período investigado- pero es el único que fue investigado.
Simonetti aclaró que ninguno debió haber sido investigado: ni Fatala, ni los otros ex funcionarios.
Menos aún, el abogado se quejó porque a Fatala se le imputan hechos que ocurrieron en 2007, cuando ni siquiera era funcionario del Gobierno.
En ese sentido, también refutó las acusaciones fiscales sobre que era «un hombre de confianza de Néstor Kirchner».
Simonetti reseñó que llegó a la función pública desde otro espacio político y que no formó parte de la administración provincial en Santa Cruz, que –según los fiscales- fue trasladada a la esfera nacional cuando Kirchner accedió al Gobierno en 2003.
El juicio continuará el lunes próximo, desde las ocho de la mañana, con el inicio del alegato de la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Carlos Alberto Beraldi.
LA DEFENSA DE FATALA PIDIÓ LA ABSOLUCIÓN Y DENUNCIÓ LOS ERRORES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ACUSACIÓN FISCAL
