Según el tribunal de alzada, existe una «evidente conexidad» de la investigación sobre Conte Grand con la causa por espionaje ilegal que tramitó en los juzgados de Lomas de Zamora hasta que la Cámara Federal de Casación decidió enviarla a la Capital Federal, al juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.
El camarista Roberto Lemos Arias, en un fallo unipersonal, resolvió enviarle también la parte que involucra a Conte Grand a Martínez de Giorgi «a fin de evitar el dictado de resoluciones contradictorias».
Conte Grand fue denunciado por Enrique Ferrari, fiscal general del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que fue suspendido en el cargo por la Suprema Corte bonaerense poco después de formular la imputación contra el jefe de los fiscales bonaerenses.
Según Ferrari, el procurador, junto al fiscal general adjunto, Sebastián Scalera, y los funcionarios a cargo de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Fiscalía General de Lomas de Zamora «habrían iniciado investigaciones a fin de inclinarlas a favor de sus intereses políticos y perseguir a distintos actores sociales políticos, sindicalistas, magistrados y funcionarios».
Para ello, se valieron –sostiene la denuncia- «de la colaboración de producción de inteligencia ilegal llevada a cabo por agentes de la AFI». Más aún, Ferrari presentó como testigo a un chofer de la Fiscalía General de Lomas de Zamora para que aportara «detalles de la frecuencia con Scalera y (el titular de la UFI 8 de Delitos Económicos y Violencia Institucional, Pablo) Rossi, visitaban agencias federales o iban durante los momentos críticos de las causas de La Salada y Moyano a reunirse con Conte Grand en La Plata para recibir instrucciones».
Esa parte de la investigación había quedado en manos del juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, pero la fiscal Cecilia Incardona y su colega Diego Iglesias entendieron que los hechos que alcanzan a Conte Grand forman parte de un entramado global que ya tramita en Comodoro Py 2002.
La hipótesis de la investigación apunta a determinar si «actuaron también en connivencia con funcionarios de la justicia local de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de perjudicar a ciertos referentes políticos que en ese entonces conformaban la oposición política».
Tras la decisión de la Cámara platense, la investigación contra el procurador bonaerense se incorporará al expediente que instruye Martínez de Giorgi.
