El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) La Plata formuló el pedido ante la tardanza de la Corte Suprema en definir si los castigos inhumanos que padecieron los soldados son o no delitos de lesa humanidad y, en consecuencia, imprescriptibles o ya se extinguió la acción penal.
La causa, identificada con el número 1777/07, está radicada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande, tiene 130 jefes militares imputados pero sólo tres procesados. A la espera del pronunciamiento de la Corte hay 15 llamados a indagatoria para jefes militares acusados pendientes de concreción.
«Hemos decidido sumar una vía más de reclamo, esta vez ante la ONU», explicó el secretario de Derechos Humanos de la agrupación, Ernesto Alonso.
Los abogados que representan a la querella, Jerónimo Guerrero Iraola y Laurentino Alonso, denunciaron un «fenómeno de revulneración de derechos de quienes resultaron víctimas de tortura», de las que responsabilizaron «al obrar del Poder Judicial» y que podrían derivar en una responsabilidad del Estado argentino «por violación a los derechos humanos».
«Le hemos requerido al relator especial de la tortura de Naciones Unidas que, en el marco de su mandato especial, evalúe el accionar del Estado argentino que, a instancias del Poder Judicial de la Nación, omite, desde hace cuatro décadas, investigar el delito de torturas», explicaron.
