Se trata del período comprendido entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021 y abarcan a los distritos de la Ciudad de Buenos Aires, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes y Mercedes.
Las denuncias se basan sobre el «análisis de la información enviada por el Ministerio de Salud respecto a la registración de la inoculación de personas con dosis contra la COVID-19 en el sistema NOMIVAC», explicó el organismo, a cargo del fiscal Sergio Rodríguez.
El NOMIVAC es el Registro Federal de Vacunación Nominalizado, que reguló la aplicación de las dosis que fueron llegando paulatinamente en el inicio de la campaña.
La hipótesis de investigación apunta a los delitos de «incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos», que contemplan penas de hasta tres años de prisión e inhabilitación.
Las supuestas irregularidades fueron detectadas en los hospitales Baldomero Sommer, Garrahan, El Cruce, Cuenca Alta Néstor Kirchner, Esteban Etcheverría y René Favaloro, y el Instituto Malbrán.
Las presentaciones fueron formuladas ante juzgados federales de la Capital Federal, Lomas de Zamora, Mercedes, Morón y Quilmes.
La PIA detectó múltiples casos de «personas que fueron inoculadas en forma presuntamente irregular, merced a la actividad de funcionarios públicos cuya responsabilidad penal, deberá ser esclarecida en el marco de las actuaciones judiciales que aquí se impulsan».
Se trata de seis casos en el Malbrán, 97 en el Garrahan, 254 en El Cruce, 77 en el René Favaloro, diez en el Baldomero Sommer, 401 en el Centro Hospitalario de Alta Complejidad del Bicentenario de Esteban Echeverría y 360 el Centro Hospitalario Cuenca Alta Néstor Kirchner.
«Se postula la sospecha del desvío de dosis por parte de quienes se determine como responsables de la custodia y administración de los insumos recibidos por sendos hospitales», explicó la PIA en sus presentaciones judiciales.
«Es que la decisión de inocular a sujetos pertenecientes a una categoría diferente a aquella que debía priorizarse o la utilización de dosis no asignadas a las jurisdicciones para la inoculación de la población perteneciente a las citadas jurisdicciones, importarían una decisión arbitraria adoptada en el contexto de la emergencia de salud pública y un desvío de poder», sostienen las denuncias.
