Carrizo, uno de los tres detenidos por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, fue allanado en el marco de la investigación en uno de los domicilios en los que solía residir en la provincia de Buenos Aires.
En esas circunstancias le fueron hallados dos DNI de otras personas cuya tenencia nunca explicó.
Carrizo fue procesado por la jueza subrogante del juzgado federal número tres de Morón Alicia Vence, pero su abogado, Gastón Marano, pidió la nulidad de esa decisión argumentando que se había vulnerado su derecho de defensa.
La Cámara Federal de San Martín desestimó el planteo señalando que «el mismo letrado ha reconocido que no ha existido violación alguna a una norma específica».
«El imputado tuvo oportunidad de ejercer su defensa al ser convocado a declaración indagatoria, manifestando en ese momento que, por consejo de su abogado, presentaría su descargo por escrito, derecho que hasta el momento no ha ejercido», advirtieron los camaristas Marcos Morán, Juan Pablo Salas y Marcelo Fernández.
«Esta circunstancia motivó que (a instancia anterior) al momento de emitir su decisión de mérito no tuviera argumentos específicos de descargo que evaluar. El acto de indagatoria se trata de un derecho del imputado que puede ser ejercido tantas veces como considere necesario», resumió el fallo.
La figura por la que fue procesado Carrizo contempla penas que van de uno a tres años de prisión.
