El Plan Ganadero que el Gobierno presentará como opción para el sector después de la suspensión de exportaciones de carnes ya fue criticado antes de su lanzamiento por el presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), Miguel Schiaritti, que lo consideró «un verso», con el que se busca mostrar como un «acuerdo» lo que en realidad es una «imposición».
Schiaritti negó que exista un diálogo del Gobierno con el sector productivo de la ganadería y objetó al respecto la conformación del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), en cuya composición, indicó, predominan «los comercializadores de cereales».
«La realidad es que no hay ningún acuerdo, por más que el Gobierno así lo diga. Ellos van a poner las medidas. Ningún exportador va a resignar o va a acordar que les achiquen las exportaciones. Es como si a cualquiera le dijeran que va a trabajar igual, pero cobrar menos, y si no quiere, lo despiden.
¿Eso sería un acuerdo? Eso es una imposición», comentó Schiaritti. En declaraciones al portal Tranqueras, el titular de CICCRA hizo referencia al plan que presentará el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, ante la inminencia del vencimiento del plazo de 30 días de la suspensión de la exportación de carnes.
Kulfas adelantó que la medida apunta a «asegurar que haya carne en la mesa de los argentinos, sin descuidar al sector exportador».
El plan, surgido de negociaciones entre el Gobierno y los frigoríficos exportadores del Consorcio ABC, implicaría una reapertura parcial de las exportaciones, con beneficios impositivos y créditos para pequeños y medianos productores.
En sus críticas a la iniciativa, Schiaritti advirtió que las negociaciones son llevadas a cabo por Desarrollo Productivo y no por el Ministerio de Agricultura, de cuyo titular, Luis Basterra, dijo que «no es considerado dentro de las decisiones de poder».
Para el dirigente, el Plan Ganadero es «un verso», basado en «un proyecto de ley que presentó el Consejo Agroindustrial hace un año».
Según Schiaritti, la iniciativa fue presentada en su momento al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, luego «al consejo de la productividad y no sé qué historia que él armó y no funciona, para ver si lo aprueban».
Sin embargo, adelantó que «no van a hacer nada», porque «elaborar un plan implica dictar las normas» y en rigor «esto es nada más que declaraciones».
«Kulfas dice que tienen un plan, cuando en realidad no es de ellos, es un proyecto de ley que ni siquiera lo mandaron a las Cámaras», criticó. .
En su análisis de la relación del Gobierno con el sector agropecuario en general y ganadero en particular, remarcó el peso de la vicepresidenta Cristina Fernández en las decisiones oficiales.
En ese sentido, aseguró que la ex presidenta «impone las condiciones y no le va a perdonar nunca al sector agropecuario que le haya ganado la pulseada en la 125», de marzo de 2008.
«Es una vendetta de Cristina. Inventaron el Consejo Agroindustrial Argentino con los exportadores para decir que dialogan con el campo, cuando en realidad no dialogan con el campo, lo hacen con los comercializadores de cereales», cuestionó.
Schiaritti fue más allá con sus críticas al CAA y sostuvo que fue creado a partir de «un acuerdo entre Cristina y (el titular de Aceitera General Deheza, Roberto) Urquía, ex senador cordobés que trabajó mucho tiempo con ella».
«Es la manera de ningunear al sector de la producción», completó. Además de criticar las características del Plan Ganadero, Schiaritti expresó sus dudas sobre su cumplimiento, ya que adelantó que desde el Gobierno «van a decir una cosa y después hacer otra».
«La historia muy reciente te indica que no respetan su palabra. Estaban en un acuerdo de precios hasta fin de año con 8 mil toneladas de carne a precio regalado por parte de los exportadores. Implícitamente, estaba consensuado que no iban a cerrar las exportaciones, pero lo hicieron. Es un Gobierno con el que no se puede negociar porque no respeta los acuerdos», sentenció.
En ese sentido, Schiariti indicó que no se sentaría en una mesa de negociación con el Gobierno, porque no participa de entendimientos «con gente con la cual no se puede acordar».
