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PIDIERON CITAR A INDAGATORIA AL ROGELIO FRIGERIO POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN OPERACIONES INMOBILIARIAS

 La sospecha es por «negociaciones incompatibles con la función pública» y «cohecho», ya que sucedió cuando Frigerio era ministro y se le cedió esos terrenos a las empresas por parte de la Agencia de Bienes del Estado (AABE).
   Es una denuncia de la Oficina Anticorrupción (AO) ante el juez Julián Ercolini y éste delegó la investigación en Marijuan.
   Según la sospecha, Frigerio compró un departamento en pozo en la calle Arcos, en Palermo, el «Fideicomiso Arcos 2646 A», pero al poco tiempo, como ministro del Interior y con el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, firmó una resolución donde le cedió unos terrenos a la empresa Koolhaas, y cuyos responsables son Ariel Naistat y Gustavo Esses, a quienes también el fiscal les pidió la indagatoria.
   En tanto, según la denuncia de la OA, el desarrollo del proyecto fue asignado a la constructora de Caputo y, un mes después de la adjudicación del terreno a la empresa Koolhaas, el entonces ministro Frigerio suscribió la compra de otro departamento, también desde pozo.
   «Queda claro que el 23/06/17 Rogelio Frigerio adjudicó el inmueble sito en la calle Fitz Roy 851 de la CABA a la firma Koolhaas S.A., cuando aún revestía el carácter de acreedor de Arcos 2646 S.A., sociedades ambas controladas por Gustavo Alberto Esses y Ariel Eduardo Naistat», suscribió Marijuan en su denuncia.
   «Pero además, pocos días después de suscribir la adjudicación del inmueble referido, específicamente durante el mes de julio de 2017, invirtió $3.298.000 en la adjudicataria Koolhaas S.A.», añade el requerimiento de indagatoria que ahora deberá ser evaluado por Ercolini.
   La acusación también sostiene: «El dictado por parte de Rogelio Frigerio de la Decisión Administrativa que adjudicó el inmueble de la calle Fitz Roy 851 a la firma Koolhaas S.A., no puede considerarse de modo aislado a las inversiones de que el ex Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda viene concretando en las empresas de Gustavo Alberto Esses y Ariel Eduardo Naistat, que vienen encadenándose sin pausa al menos desde 2014».
   Sobre el planteo judicial de la OA, fuentes cercanas a Frigerio explicaron: «La denuncia parte de una mentira inicial que es la de plantear que había vinculación entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el Ministerio del Interior, pero el Ministerio del Interior no tiene nada que ver con la AABE, ni competencia ni vinculación, en consecuencia, toda la acusación pierde sustento».
   «AABE depende directamente de Jefatura de Gabinete, no del Ministerio del Interior. El refrendo del ministro del Interior de estas decisiones administrativas por las que se aprueba lo actuado mediante una subasta pública y se realiza la adjudicación, se debe a una cuestión meramente formal que hace a la eficacia del acto y no a su validez», agregaron.
   «Esto se debe a que la materia es propia de la competencia del jefe de Gabinete de Ministros, pero necesita el refrendo de otro ministro para su eficacia y en la práctica es el propio ministro del Interior el que refrenda sus actos. Hoy en día sigue funcionando de la misma manera», indicaron finalmente desde el entorno de Frigerio.

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