Se trata de Sean Lawrence Sullivan, quien figura para la Justicia argentina como prófugo desde hace casi tres años, cuando el fallecido juez Claudio Bonadio ordenó su detención internacional, que nunca se concretó.
Sullivan, a través de sus abogados, había pedido la exención de prisión a la Justicia argentina manifestando su «voluntad de someterse al proceso que se le sigue».
«Actualmente se encuentra en libertad y que, lejos de darse a la fuga o entorpecer las diligencias en curso, habría decidido presentarse a fin de estar a derecho», indicó su defensa, que además sugirió «la posibilidad de que la sujeción a proceso estuviera garantizada por una caución real».
Sullivan está sospechado de haber sido el desarrollador inmobiliario que debía emprender una inversión hotelera de Muñoz por unos 30 millones de dólares en las islas Turks and Caicos.
Los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia denegaron la exención de prisión argumentando que por los delitos que se le imputan «le correspondería un mínimo de cuatro años y seis meses y un máximo de 13 años y cuatro meses de prisión».
«La estructura en la que habría tomado parte Sullivan es la que determina que a la fecha todavía se sigan realizando enormes esfuerzos para poder recuperar activos ocultos en el extranjero y para poder dar con el paradero de otros individuos prófugos», insistió Bertuzzi.
Además, destacó que «han pasado dos años y nueve meses desde que se ordenara la captura del imputado y aún no ha podido ser localizado», y están vigentes «las solicitudes de asistencia internacional que fueron enviadas a las Islas Turks and Caicos, a la Región Administrativa Especial de Hong Kong, a los Estados Unidos de América, a los Emiratos Árabes Unidos, a la República Oriental del Uruguay, a la República de Panamá, al Principado de Andorra, a la Confederación Suiza, a los Estados Unidos Mexicanos, a Santa Lucía, Nueva Zelanda, las Islas Vírgenes Británicas y a San Cristóbal y Nieves».
«Sullivan sería además el destinatario final de algunos de los bienes sospechados, por lo que su posición es decisiva para el recupero de activos que serían de origen delictivo», añadió.
Bruglia, por su parte, subrayó que «la concesión del beneficio peticionado, fundamentalmente pondría en riesgo la recuperación de activos ante una eventual pena de decomiso».
No obstante, aclaró que esa negativa «de ninguna manera conlleva a interpretar que el nombrado necesariamente deberá transcurrir el proceso en detención».
«Eventualmente, una vez constituido a derecho, se podrán valorar otras cuestiones que sólo permite el avance de las etapas sumariales a su respecto, teniendo especialmente en consideración que Sullivan todavía no ha sido indagado y la superación de esa instancia procesal podría plantear un escenario más claro y global con relación a su grado de responsabilidad», insistió.
