SE ORDENÓ HISOPAR A TODOS EL PERSONAL POLICIAL Y A LOS PRESOS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE LOMAS DE ZAMORA

El juez López consideró que habiendo un cupo total para 82 personas detenidas en comisarías, en la actualidad hay 1374 habiendo un total de 1500 por ciento de superpoblación.

El juez en lo penal de Lomas de Zamora Jorge López ordenó al ministro de Seguridad Bonaerense, Sergio Berni, y a su par de Salud, Daniel Gollan, que se haga el hisopado para detección de coronavirus a todos los presos en el total de comisarías de ese departamento judicial y lo mismo con el personal policial.

Lo hizo por pedido de la Comisión Provincial por la Memoria y la orden judicial abarca a las intendencias de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza.

El hábeas es por una búsqueda intensificada de casos que favorezca la detección precoz del virus, la prestación de cuidados médicos oportuna y minimice la transmisión, en condiciones paupérrimas en que hay presos en comisarías en ese distrito judicial.

El juez López consideró que habiendo un cupo total para 82 personas detenidas en comisarías, en la actualidad hay 1374 habiendo un total de 1500 por ciento de superpoblación.

De las 50 dependencias policiales existentes en el departamento judicial de Lomas de Zamora, 17 de ellas se encuentran clausuradas por orden administrativa y 26 por resolución judicial.

«Ante este grave cuadro de situación que encuadra en una crisis humanitaria, decidí extender la petición al personal policial que trabaja en estas dependencias y la información fue más que alarmante. La Estación de Policía de Almirante Brown reportó 108 efectivos contagiados; la Estación de Policía de Lomas de Zamora 135; Estación de Policía Ezeiza 62; La Estación Policial Deptal. de Seguridad Lanús 52; la Estación de Policía Esteban Echeverría 54 y la Estación de Policía Avellaneda 36», expuso el juez.

La situación de superpoblación «fue advertida por la magistratura desde hace muchos años y a las distintas gestiones que estuvieron a cargo del Estado provincial pero fueron desoídas, imponiéndose en forma contraria, leyes que incrementaban la cantidad de personas en ámbitos de encierro, tanto en dependencias policiales como unidades carcelarias, bajo una falsa etiqueta de combatir la inseguridad».

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