En la última sesión del año, el Senado aprobó y convirtió en ley la llamada «Ley Micaela», que apunta a reforzar las políticas de género desde el Estado. En horas de la tarde, se sancionó por unanimidad la norma, a partir de la cual todos los integrantes de los tres poderes del Estado deberán recibir una capacitación obligatoria en materia de género.
La iniciativa lleva esa denominación en homenaje a Micaela García, una joven entrerriana militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos.
Las capacitaciones deberán ponerse en marcha dentro del primer año de vigencia de la ley, que estableció como autoridad de aplicación al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM). Ese organismo deberá certificar la calidad de las capacitaciones, y tendrá a su cargo las que correspondan a las máximas autoridades de cada poder.
Según el proyecto, el incumplimiento de esa intimación será considerado falta grave, dando lugar a una sanción disciplinaria pertinente, a la vez que se habilita a hacer pública la negativa de participación a través de la página web del Instituto Nacional de las Mujeres.
La senadora justicialista Sigrid Kunath (Entre Ríos) fundamentó que Micaela fue «una joven entrerriana que creía profundamente que se podía cambiar el mundo y que podía haber relaciones más igualitarias». Sucesivamente se expresaron a favor de la norma las senadoras Beatriz Mirkin, Laura Rodríguez Machado y Nancy González, entre otras.
Por su parte, la senadora Magdalena Odarda pidió la renuncia del embajador argentino en Londres, Carlos Sersale, por su polémico tuit sobre Malvinas, en el que mencionó a los kelpers como «máximas autoridades» de las islas argentinas. «Voy a pedir la renuncia del señor embajador Sersale y, en caso de que no renuncie voluntariamente, voy a pedir al Poder Ejecutivo nacional que lo separe de su cargo por haber incurrido en el grave delito de traición a la patria», argumentó la senadora del bloque Río-Sur.
También se pronunciaron críticamente hacia el diplomático los senadores Fernando «Pino» Solanas y el fueguino José Ojeda. El embajador Sersale pidió disculpas el martes último a través de una carta enviada al canciller Jorge Faurie, en la que aclaró que «las legítimas autoridades de las Islas Malvinas, Georgias y Sadwinch del Sur, y los espacios marítitmos circundantes son el gobierno nacional y el gobierno de Tierra del Fuego».