Se trata de la causa conocida como «Puf Puf», en la que Ramos Padilla y –entre otros- el diputado Eduardo Valdés fueron denunciados cuando estalló el escándalo por las actividades ilegales del falso abogado Marcelo D´Alessio.
«Puf Puf» surgió como una suerte de contra causa, a raíz de escuchas telefónicas a ex funcionarios kirchneristas en la cárcel de Ezeiza.
En una de ellas se escucha a Valdés comentándole al ex funcionario Juan Pablo Schiavi pormenores de la situación de D ´Alessio y su vínculo con Stornelli.
«Stornelli puf, (el difunto juez Claudio) Bonadio puf», se escucha en la grabación sobre cuya base se inició la contra denuncia.
El juez Ramos Padilla afirmó que «de un modo u otro todos los vinculados a este expediente -fiscal, defensas, juez e incluso querellante- han dado cuenta de diferentes modos la imposibilidad de proseguir con este insólito proceso».
«En este expediente ni siquiera se observa la existencia de un delito, se trata de escuchas a personas privadas de su libertad – en su mayoría políticos opositores detenidos en la causa cuadernos- a las que no se les debía afectar su ámbito de intimidad y reserva», añadió.
Ramos Padilla, integrante de un tribunal oral porteño, reclamó «con carácter de pronto despacho» que el juez federal Julián Ercolini, quien tiene a su cargo el expediente, dicte «las nulidades de todo lo actuado en este expediente y el sobreseimiento definitivo».
Ramos Padilla desistió de la recusación que había formulado contra Ercolini a raíz de, entre otras razones, el viaje que el juez federal realizó con otros funcionarios judiciales, del Gobierno porteño y ex agentes de inteligencia al Lago Escondido el año pasado, por supuesta invitación de directivos del Grupo Clarín.
Ramos Padilla enumeró «aquel cuadro probatorio, en el que se observan, la existencia de dadivas, facturas truchas, anónimos, falsificación de pruebas, y otro tipo de delitos» y señaló que en chats de los viajeros filtrados a la prensa se le atribuye a Ercolini que «la estrategia del grupo debe ser denunciar espionaje ilegal».
Más aún, el fiscal en la denuncia contra los viajeros al Lago Escondido fue Stornelli, quien –a raíz de la supuesta ilegalidad de los chats filtrados- recomendó el cierre del expediente por «la existencia de obstáculos insalvables que impiden ingresar en un análisis de los hechos investigados».
