Los pedidos de juicio político contra los jueces nacionales y federales formulados ante el Consejo tienen un plazo máximo de tramitación de tres años, al cabo de los cuales, si no hubo una definición, automáticamente se archivan.
«En los próximos 9 meses (noviembre 2022 – agosto 2023) caducarán un total de 41 expedientes, si previo a ello no se toman medidas investigativas urgentes», sostuvo la organización cercana al Poder Judicial en un informe.
La organización le remitió al presidente del Consejo y, al mismo tiempo, de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, un pedido para que «se arbitren las medidas necesarias para que los expedientes disciplinarios actualmente abiertos sean resueltos a través de los procedimientos regulares».
Ello significa la sustanciación de las denuncias, «evitando dilaciones innecesarias así como su finalización por el simple paso del tiempo».
De los expedientes que están próximos a su archivo sin definición «la inmensa mayoría muestra un estado de inacción casi absoluta, sin medidas relevantes para investigar los hechos denunciados», sostiene el reporte.
«En 34 de los 41 expedientes por caducar no se tomó ninguna medida relevante a fin de promover el tratamiento de las causas.
En sólo un 12 por ciento del total, la Comisión de Disciplina y Acusación se expidió acerca de la adecuación de las denuncias a los requisitos formales mínimos. Y en apenas dos causas se ordenó la producción de alguna medida de prueba», advirtió la ACIJ.
Los pedidos de juicio político caducarán no sólo por agotamiento de los plazos procesales reglamentarios sino también, y fundamentalmente, por el escaso o nulo despliegue investigativo.
«Es evidente que las excesivas demoras en el tratamiento de los expedientes disciplinarios no se encuentran justificadas por la realización de medidas durante ese período», aseveró la organización.
El informe recuerda que ya en diciembre de 2020 la ACIJ había advertido que en sólo en el 22 por ciento de los casos analizados en ese momento el Consejo de la Magistratura había realizado alguna medida probatoria».
«El instituto de la caducidad, que tiene sentido en cuanto a que no puede dilatarse indefinidamente una investigación contra un magistrado o magistrada, en estos casos sólo puede entenderse como ausencia de justicia», sostuvo el documento.
La ACIJ denunció el «desmerecimiento y desatención de la presentación realizada por las personas denunciantes así como también a las y los magistrados denunciados».
«La caducidad resulta completamente inaceptable cuando es el resultado de que no se hayan realizado acciones tendientes a esclarecer la verdad», resumió el informe.
