La investigación judicial sobre el patrimonio inmobiliario del Jefe de Gabinete Manuel Adorni entra en una etapa crítica esta semana con las declaraciones testimoniales de cuatro mujeres identificadas como acreedoras hipotecarias del funcionario. El fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, busca establecer la trazabilidad de los fondos utilizados para adquirir propiedades en la Ciudad de Buenos Aires. El juez federal Ariel Lijo autorizó el levantamiento del secreto fiscal de las testigos para que la AFIP remita información sobre su capacidad económica real.
Declaraciones clave en Comodoro Py
Este lunes compareceran ante los tribunales federales Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, una madre e hija integrantes de la Policía Federal que figuran como prestamistas de 100 mil dólares otorgados al Jefe de Gabinete. Ese crédito fue garantizado con hipoteca sobre un departamento ubicado en la calle Asamblea, en el barrio de Parque Chacabuco. El miércoles declararán Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, dos jubiladas que vendieron una propiedad en Caballito a Adorni. Según los registros de la causa, el funcionario abonó 30 mil dólares iniciales por ese inmueble, pero mantiene una deuda de 200 mil dólares programada para cancelarse en noviembre próximo sin intereses pactados.
La fiscalía además solicitó al tribunal que las vendedoras comparezcan dispuestas a facilitar acceso a sus dispositivos electrónicos, incluyendo mensajes, audios, correos, imágenes y registros de llamadas vinculados a las operaciones investigadas. La escribana Adriana Nechevenko, quien ya declaró en el expediente, señaló haber sido el nexo entre las partes. En noviembre de 2024 formalizó una hipoteca para la compra de una propiedad en un club de golf de Exaltación de la Cruz.
Origen de los fondos y ramificaciones de la causa
El objetivo central de la investigación es comprobar si estas cuatro mujeres realmente contaban con los recursos económicos necesarios para otorgar los créditos documentados. El levantamiento del secreto fiscal permitirá a la AFIP evaluar sus declaraciones impositivas y patrimonio registrado, elementos cruciales para determinar si los fondos provienen de fuentes lícitas o si funcionaron como intermediarias en operaciones de enriquecimiento ilícito del funcionario.
La causa se originó por una denuncia de la diputada Marcela Pagano y ha generado desdoblamientos adicionales. En paralelo, la justicia también investiga a Adorni por presuntas dádivas relacionadas con un viaje privado a Punta del Este presuntamente financiado por un empresario con contratos en TV Pública. Estas líneas investigativas convergen en determinar si el Jefe de Gabinete utilizó su posición para obtener beneficios económicos personales mediante operaciones inmobiliarias cuyo financiamiento no estaría debidamente justificado.
Las declaraciones de esta semana serán determinantes para que la fiscalía avance en la acusación y el tribunal defina si existen elementos suficientes para imputar formalmente al funcionario por enriquecimiento ilícito, uno de los delitos más graves dentro del código penal argentino aplicable a funcionarios públicos.
