El Gobierno impulsa negociaciones con bloques dialoguistas para destrabar el tratamiento de la Ley de Propiedad Privada en el Senado, un proyecto que modifica el régimen de compra de tierras, introduce cambios en barrios populares y redefine normas sobre desalojos. Según fuentes parlamentarias, La Libertad Avanza aún no tiene garantizados los votos para firmar dictamen ni para aprobar la iniciativa en el recinto, por lo que busca consensos con legisladores de la Unión Cívica Radical, el PRO y fuerzas provinciales. La falta de acuerdos también retrasa la convocatoria al plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General del Senado.
Los cambios que genera tensión en la oposición
Uno de los puntos centrales del proyecto es la eliminación del límite de 1.000 hectáreas para la compra de tierras por parte de extranjeros, establecido por la Ley 26.737 sancionada en 2011. La iniciativa propone levantar esas restricciones y mantener controles únicamente cuando intervengan Estados extranjeros o entidades vinculadas, con el argumento de resguardar la soberanía. Sin embargo, sectores dialoguistas plantean objeciones serias. Coinciden en revisar el esquema actual, pero rechazan una apertura sin límites cuantitativos, especialmente en provincias con territorios estratégicos que podrían quedar bajo dominio extranjero. Otro eje de conflicto es la modificación de la Ley 27.453, que regula políticas de vivienda para sectores vulnerables. El proyecto plantea limitar las expropiaciones de tierras destinadas a la regularización de barrios populares y eliminar la suspensión de desalojos vigente por diez años. Además, deroga artículos clave que establecían mecanismos de acceso a la propiedad y reduce la participación de organizaciones sociales en obras, al suprimir el 25% de cupo destinado a estos espacios. Desde distintos bloques advierten que estos cambios podrían derivar en un aumento de desalojos y dificultar la regularización dominial de familias de bajos ingresos.
Desalojos más rápidos y argumentos del ejecutivo
La iniciativa introduce un nuevo esquema de desalojos con plazos abreviados que genera particular inquietud. La propuesta reduce de 10 a 3 días la intimación por falta de pago y establece un proceso más rápido para ejecutar la restitución del inmueble. El Gobierno sostiene que la normativa vigente no logró resultados significativos en términos de titularización de tierras ni en la resolución de conflictos de ocupación de predios. Para el oficialismo, estos cambios modernizarían la legislación y permitirían una mejor gestión de inmuebles. Sin embargo, legisladores de la oposición dialoguista advierte que el paquete de reformas podría afectar a sectores que dependen de políticas de acceso a vivienda. Las negociaciones continúan en comisiones para intentar lograr una aprobación con apoyo amplio, aunque las diferencias en torno a la soberanía territorial y la protección de poblaciones vulnerables siguen siendo sustanciales.
El proyecto se encuentra en una etapa crítica: sin garantías de votos en el Senado, el Gobierno debe ceder en algunos puntos para avanzar. Las próximas sesiones definirán si el oficialismo logra consenso o si la iniciativa queda estancada en comisiones por falta de respaldo parlamentario.
