Un fallo judicial obligó al Gobierno a mantener vigente el programa Volver al Trabajo y continuar transfiriendo $78.000 mensuales a más de 900 mil beneficiarios. El juez federal Adrián González Charvay, con jurisdicción en Campana, dictó una medida cautelar que bloquea cualquier cambio en el esquema actual de asistencia directa. Como consecuencia inmediata, el Ministerio de Capital Humano anunció la suspensión de los vouchers de formación laboral y la expansión de la doble jornada escolar en establecimientos vulnerables, dos iniciativas que formaban parte de la reformulación presupuestada por la cartera que conduce Sandra Pettovello.
La orden judicial que paraliza la transformación del programa
El Ministerio de Capital Humano había diseñado un rediseño integral del esquema de asistencia social. La estrategia contemplaba reemplazar las transferencias de dinero directo por un sistema de vouchers de capacitación laboral, que funcionaría mediante instituciones formativas en distintas provincias. El objetivo era mejorar las condiciones de empleabilidad de los beneficiarios y facilitar su acceso a empleos registrados y formales. Sin embargo, la cautelar dictada por González Charvay bloqueó ese proceso de transformación.
Según explicó el Ministerio en un comunicado oficial, la sentencia judicial impide redirigir los fondos asignados al programa hacia las nuevas iniciativas. “Lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país”, advirtió la cartera. La medida cautelar, por lo tanto, congela cualquier modificación del esquema actual mientras se resuelve el fondo de la cuestión en los tribunales.
El Gobierno acatará pero apelará la decisión
Desde el Ejecutivo confirmaron que acatarán la orden judicial y continuarán pagando los $78.000 mensuales a los más de 900 mil beneficiarios del programa. No obstante, avanzarán con una apelación para intentar revertir el fallo y poder implementar el nuevo modelo de capacitación laboral que habían diseñado. El Gobierno argumenta que Volver al Trabajo había cumplido su ciclo de dos años de vigencia y que los vouchers representaban el paso siguiente planificado en la evolución del programa.
La suspensión de los vouchers de formación laboral es particularmente significativa porque representa un cambio de paradigma en las políticas de asistencia social del Gobierno. La transición de transferencias directas a vouchers de capacitación implicaba condicionar la ayuda a la participación en programas de formación, buscando mejorar la inserción laboral de los beneficiarios. La doble jornada escolar en establecimientos vulnerables también quedó en pausa por el mismo motivo: los fondos destinados deben mantenerse en el esquema actual según lo ordenó la justicia.
Incertidumbre sobre la continuidad de las iniciativas
Por ahora, el programa Volver al Trabajo sigue vigente con sus pagos garantizados judicialmente. Si el Gobierno logra revertir la cautelar en la apelación, la reformulación podría activarse nuevamente y el esquema de transferencias directas sería reemplazado por el nuevo modelo de vouchers de capacitación. Pero mientras se resuelve la batalla judicial, más de 900 mil bonaerenses y argentinos que dependen de esta ayuda mantienen sus ingresos asegurados. La medida cautelar, aunque congela los nuevos programas, preserva la continuidad de los pagos mensuales que cientos de miles de familias necesitan para subsistir.
La decisión judicial marca un punto de conflicto entre las intenciones reformistas del Gobierno y los derechos adquiridos de los beneficiarios. Mientras se dirimen en los tribunales los aspectos legales de la transformación propuesta, la incertidumbre sobre el futuro de los vouchers y la doble escolaridad permanecerá latente en la agenda de políticas sociales.
