Catorce diputados nacionales de La Libertad Avanza presentaron una denuncia penal contra su ex compañera de bloque Marcela Pagano por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa en declaración jurada patrimonial y administración fraudulenta. La presentación fue radicada ante el fuero Criminal y Correccional Federal y lleva las firmas de Lilia Lemoine, María Celeste Ponce, Carlos Zapata, María Soledad Mondaca, Jairo Guzmán, Sergio Figliuolo, Andrea Fernanda Vera, Valentina Loana Ravera, Miguel Rodríguez, Eliana Bruno, Andrés Leone, Atilio Basualdo, Santiago Santurio y María Cecilia Ibáñez, entre otros legisladores libertarios. La acción judicial marca un nuevo episodio de conflictividad interna en el oficialismo.
Los cuestionamientos sobre el patrimonio de Pagano
La denuncia se centra en posibles irregularidades vinculadas a la situación patrimonial de Pagano desde que asumió como diputada el 10 de diciembre de 2023. Los denunciantes cuestionan específicamente la presentación de sus declaraciones juradas y la evolución de sus bienes durante el ejercicio legislativo. Según el escrito, que cuenta con patrocinio del abogado Hernán Emilio Seivane, existirían inconsistencias que evidenciarían un incremento patrimonial no justificado que no se condice con sus ingresos como legisladora nacional. Los diputados solicitan expresamente que la investigación se desarrolle bajo la órbita federal, lo que implica que sea el fuero Criminal y Correccional Federal quien lleve adelante las actuaciones judiciales correspondientes. La acusación de administración fraudulenta complementa las imputaciones de enriquecimiento ilícito y sugiere que habría habido un manejo irregular de recursos económicos durante su gestión como legisladora.
Escalada de conflictos internos en el bloque oficialista
Esta denuncia se produce en el contexto de una serie de enfrentamientos públicos entre Pagano y dirigentes del gobierno nacional. La diputada había denunciado previamente un esquema de “negocios personales” y apuntado contra el ascenso económico de Manuel Adorni, portavoz presidencial. Asimismo, Pagano arremetió contra Adorni acusándolo de haber sido “ñoqui por dos años” y cuestionó la gestión diplomática respecto del caso de Nahuel Gallo, aseverando que “nadie lo reclamó”. Estos enfrentamientos evidencian las tensiones crecientes dentro de La Libertad Avanza, donde las diferencias internas han generado confrontaciones públicas entre legisladores. La presentación de esta denuncia penal representa una escalada en estos conflictos, trasladando la disputa política al ámbito judicial. Los denunciantes no han hecho declaraciones públicas adicionales sobre los fundamentos específicos de sus acusaciones más allá de lo consignado en el expediente.
La Justicia Federal ahora debe evaluar el material probatorio aportado por los diputados y determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación formal. Este caso marca un precedente en el actual gobierno al ser miembros del mismo bloque parlamentario quienes impulsan una acción penal contra una colega legisladora, reflejando la fragmentación política dentro del espacio oficialista.
