El Gobierno de Javier Milei oficializó este lunes el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) a través del Decreto 315/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida busca acelerar la creación de empleo registrado y reducir la informalidad en el mercado laboral argentino, estableciendo beneficios tributarios para empleadores que contraten trabajadores sin registro previo. El decreto fue firmado también por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y miembros del gabinete económico y social, consolidando una iniciativa que el Ejecutivo impulsaba hace meses.
Quiénes pueden acceder y cómo funciona el régimen
El RIFL beneficia a cuatro perfiles específicos de trabajadores: personas sin empleo registrado al 10 de diciembre de 2025, desempleados en los últimos seis meses, ex monotributistas sin vínculo de dependencia reciente y trabajadores provenientes del sector público. De esta forma, el Gobierno amplía el universo de potenciales beneficiarios para acelerar la registración. Para participar, los empleadores deben estar inscriptos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desde el 10 de diciembre de 2025. Las nuevas contrataciones deberán registrarse entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, con un límite máximo del 80% de la plantilla bajo este esquema. El principal incentivo consiste en una reducción significativa de las contribuciones patronales durante los primeros 48 meses de cada relación laboral. Las alícuotas se fijaron en 2% y 3%, dependiendo del destino de los aportes, lo que implica una reducción importante de la carga laboral para las empresas interesadas en formalizar trabajadores. Esta disminución busca estimular la registración sin afectar la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas, sectores clave para la economía argentina.
Respaldo judicial y articulación con programas sociales
La reglamentación llegó después de que la Justicia fallara a favor del Gobierno en conflictos previos sobre esta medida. El decreto mantiene la obligatoriedad de aportes al Fondo de Asistencia Laboral y aclara que los beneficios no serán retroactivos si el empleador no adhiere en tiempo y forma. Un aspecto importante del régimen es que prevé la articulación con programas sociales para garantizar que los trabajadores no pierdan sus prestaciones sociales al ingresar al empleo formal. Esto busca evitar que la formalización genere una pérdida de ingresos para trabajadores que actualmente reciben asistencia estatal. El Ejecutivo sostiene que esta medida es fundamental para reducir la informalidad laboral, que históricamente ha sido uno de los mayores desafíos del mercado de trabajo argentino. Según los datos disponibles, más del 40% de los trabajadores en Argentina opera sin registro formal.
El Gobierno espera que el RIFL funcione como herramienta para ampliar el empleo registrado durante 2026 y 2027, período crítico para la recuperación económica. La medida se suma a otras iniciativas del Ejecutivo orientadas a dinamizar el mercado laboral y reducir la presión fiscal sobre las empresas. Con la oficialización del decreto, comienza el período de implementación, aunque las primeras contrataciones bajo este régimen recién podrán registrarse a partir de mayo de 2026.
