El Gobierno oficializó este miércoles la creación de una “Mesa de Coordinación para la Seguridad de Inversiones Estratégicas” destinada a prevenir que el narcotráfico y el crimen organizado se infiltren en proyectos de gran envergadura incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La medida, formalizada mediante la Resolución 461/2026 en el Boletín Oficial, busca reforzar controles sobre emprendimientos en minería, energía, infraestructura, tecnología y turismo. El Ejecutivo señaló que el crecimiento económico de estos proyectos podría atraer a organizaciones criminales que intentarían infiltrarse en actividades legales a través del lavado de dinero y otras operaciones ilícitas.
Una estructura permanente con participación estatal y privada
La nueva mesa funcionará como un espacio permanente de coordinación entre organismos nacionales, provincias, municipios y fuerzas federales de seguridad. También participarán empresas privadas, cámaras empresarias, operadores logísticos y concesionarios vinculados a proyectos del RIGI. Según la normativa, la estructura incluirá la elaboración de diagnósticos integrales de riesgo, identificación temprana de amenazas criminales y coordinación de acciones preventivas para proteger infraestructura crítica y cadenas logísticas. La Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada analizará fenómenos criminales emergentes relacionados con estas inversiones, mientras que la Secretaría de Seguridad Nacional coordinará el despliegue de fuerzas federales en las zonas donde se desarrollen los proyectos. La Unidad Antimafia y el Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas funcionarán como organismos técnicos encargados de sistematizar información y detectar riesgos vinculados al crimen organizado, especialmente respecto a drogas sintéticas y desvío de precursores químicos.
Cooperación voluntaria sin costos adicionales para el Estado
El Gobierno anunció que impulsará protocolos sectoriales de prevención, capacitaciones y canales formales de reporte de riesgos para las empresas participantes del RIGI. La iniciativa se desarrollará bajo un esquema de cooperación voluntaria, aclarando que no generará costos presupuestarios adicionales para el Estado. La decisión responde a preocupaciones crecientes sobre la capacidad de grupos criminales para permear en sectores estratégicos de la economía argentina aprovechando grandes inversiones. Esta medida se enmarca en la política de seguridad del Ejecutivo, que ha priorizado la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado como ejes centrales de su gestión, buscando garantizar que los recursos invertidos en proyectos estratégicos no sean capturados por redes ilegales.
La creación de esta mesa representa un intento del Gobierno por blindar el RIGI, un régimen tributario diseñado para atraer inversiones extranjeras de gran magnitud. Al incorporar mecanismos de seguridad y control, el Ejecutivo busca transmitir confianza a potenciales inversores sobre la gobernanza y estabilidad institucional de los proyectos que reciban incentivos estatales en el país.
