El Gobierno nacional oficializó este viernes una modificación en la reglamentación de la Ley de Defensa del Consumidor que permite a empresas y proveedores acceder a una reducción del 50% en las multas aplicadas por infracciones, siempre que acepten la sanción y realicen el pago dentro de un plazo determinado. La medida fue establecida mediante el Decreto 377/2026, publicado en el Boletín Oficial, y busca reducir la litigiosidad administrativa y judicial, además de agilizar expedientes y disminuir costos tanto para el Estado como para los privados involucrados.
Un incentivo para acelerar pagos y cerrar procedimientos
A partir de ahora, los proveedores sancionados podrán abonar solamente la mitad del monto de la multa si consienten la resolución y realizan el pago dentro de los diez días hábiles desde la notificación. El beneficio de la reducción quedará automáticamente sin efecto si el infractor decide presentar una apelación judicial contra la sanción impuesta. El decreto aclara además que, incluso con la reducción, el monto final nunca podrá ser inferior al mínimo establecido por la propia Ley de Defensa del Consumidor para este tipo de infracciones. De esta manera, el Gobierno busca mantener un piso sancionatorio mientras incorpora un incentivo económico para acelerar el cierre de los procedimientos administrativos. Desde el Ejecutivo señalaron que el mecanismo ya existe en distintas jurisdicciones locales y en otras normas vinculadas al comercio interior, por lo que ahora se decidió incorporarlo al régimen nacional de defensa del consumidor.
Un nuevo sistema para sanciones más ágiles
La modificación reglamentaria responde a una estrategia del Gobierno para agilizar los procedimientos sancionatorios contra empresas y proveedores que incumplen con sus obligaciones frente a los consumidores. El sistema de pago voluntario funciona como una herramienta de desincentivo de litigios innecesarios, ofreciendo a las empresas la posibilidad de resolver conflictos administrativos de forma más rápida y económica. En el contexto actual, donde los consumidores enfrentan conflictos frecuentes con comercios por incumplimientos contractuales, publicidad engañosa, defectos en productos y servicios, esta medida introduce un nuevo procedimiento que beneficia especialmente a pequeñas y medianas empresas que busquen regularizar su situación de manera expedita. La norma mantiene intacto el poder sancionador del Estado pero lo complementa con un mecanismo de incentivos económicos para quienes reconozcan sus infracciones y paguen prontamente.
Esta iniciativa se inscribe en la línea de reformas administrativas que el Gobierno ha impulsado para modernizar la relación entre el Estado y los agentes económicos. Aunque aún no se han difundido declaraciones específicas de las cámaras empresariales o asociaciones de defensa del consumidor sobre el impacto de esta medida, el decreto representa un cambio significativo en cómo se procesarán las sanciones por infracciones a la ley de consumidor a nivel nacional. El plazo de diez días hábiles para acceder a la reducción constituye un elemento clave del sistema, obligando a las empresas a resolver rápidamente y evitar costos legales mayores.
