El caso del jefe de Gabinete Manuel Adorni ha ocupado la agenda política durante tres meses consecutivos, pero genera una reflexión incómoda sobre Argentina: la falta de conmoción social acorde con la gravedad de los hechos denunciados. Las sucesivas revelaciones sobre viajes costosos, compras y refacciones de propiedades habrían provocado una repercusión infinitamente mayor si el funcionario perteneciera a un gobierno anterior, especialmente si fuera peronista. Así lo advierten analistas y observadores políticos que detectan una doble vara persistente en ciertos sectores de la sociedad argentina.
Un escándalo que no genera la conmoción esperada
Las contradicciones del jefe de Gabinete han sido cuestionadas por prácticamente todos los comunicadores sociales, pero el nivel de presión política no se corresponde con la envergadura del asunto. El propio Adorni reconoció en un canal de noticias de alcance nacional que omitió declarar al fisco medio millón de dólares porque “con mi mujer toda la vida ahorramos en negro, como hace la mayoría de los argentinos”. Una admisión de esta magnitud habría generado un escándalo de proporciones mayúsculas si la hubiera formulado alguien como Sergio Massa, Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich, Juan Manzur o Santiago Cafiero —todos jefes de Gabinete en gobiernos anteriores— o incluso Marcos Peña, del color político opuesto. La repercusión en la opinión pública habría sido incomparablemente mayor, con pedidos de renuncia y mociones de censura como práctica cotidiana en el Congreso. En cambio, el escándalo de Adorni se ha diluido en la rutina mediática sin alcanzar el nivel de convulsión que merece. El gobernador bonaerense Axel Kicillof llegó a afirmar públicamente que si Adorni fuera peronista, “ya estaría preso”, una sentencia que refleja la percepción de que existe un trato diferenciado según la filiación política del funcionario involucrado.
El mundo financiero mira desde otra perspectiva
Mientras la política se debate sobre la continuidad de Adorni, los inversores internacionales observan el fenómeno con una frialdad reveladora. Un trader argentino radicado en Nueva York consultado por medios especializados fue contundente en su análisis: “Ningún inversor va a cambiar su perspectiva de inversión por lo que sucede. En Perú cambian los presidentes como las estaciones del año y no sucede nada. Si Adorni se queda o no, es indiferente mientras Milei no tenga una competencia fuerte”. Esta perspectiva subraya que para el mundo financiero, los escándalos de índole personal o patrimonial de funcionarios son secundarios frente a la estabilidad del rumbo económico. Lo que importa es que el gobierno mantenga su orientación fiscal y macroeconómica. La polémica sobre los ahorros no declarados, los viajes a destinos costosos y las refacciones de propiedades es, desde esa óptica, ruido político sin consecuencias sustanciales para las decisiones de capital.
La persistencia de esta doble vara en la Argentina contemporánea evidencia una grieta profunda en la credibilidad institucional. Sin embargo, parece que mientras no afecte directamente el desempeño económico del gobierno, el establishment político y financiero privilegia la continuidad sobre la transparencia. El caso Adorni se convierte así en un espejo de las contradicciones que definen a la política nacional: una cosa para unos y otra para otros, según el color que se vista.
