El Poder Ejecutivo emitió un decreto publicado en el Boletín Oficial que aprueba la nueva estructura organizativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en medio de acusaciones judiciales contra su titular, Manuel Adorni. La medida expande significativamente la dependencia, que incorpora nuevos cargos provenientes de la Secretaría General de Presidencia y de la antigua Secretaría de Vocería, ambas bajo responsabilidad del mismo funcionario. La nueva estructura concentra un volumen considerable de personal: 6 secretarios de Estado, 17 subsecretarios, 42 directores (generales y nacionales) y 108 directores simples, además de 70 coordinadores. En total, 243 personas con rango de funcionarios.
Una estructura que se expande en medio de controversias
La aprobación de esta reorganización pasó por el visto bueno del Ministerio de Desregulación, conducido por Federico Sturzenegger, lo que genera interrogantes sobre la compatibilidad con la política de reducción del gasto estatal que promulga el gobierno de Javier Milei. La Jefatura de Gabinete asumió además el control de 17 organismos descentralizados y empresas públicas, estructuras que cuentan con sus propios planteles de funcionarios y esquemas salariales frecuentemente superiores a los de la administración centralizada. Un ejemplo concreto: Javier Lanari, Secretario de Comunicación, quedó a cargo de RTA (que agrupa TV Pública y Radio Nacional) y APE SAU, la antigua Telam con nueva denominación. Esta expansión genera cuestionamientos sobre la lógica detrás de ampliar una estructura ya compleja en el marco del discurso oficial sobre eficiencia estatal.
El costo mensual de la ampliación
Considerando únicamente los salarios base de los funcionarios de la Jefatura de Gabinete —sin incluir adicionales por antigüedad, títulos profesionales u otros conceptos, ni los de los organismos descentralizados donde los montos suelen ser opacos— el gasto mensual ronda los 528 millones de pesos. Esta cifra contrasta fuertemente con el mensaje central de la administración sobre reducción del gasto público y eficiencia en el uso de recursos estatales. El decreto fue emitido en un contexto particularmente delicado para Adorni, quien enfrenta múltiples acusaciones judiciales. La ampliación de su área de influencia y presupuesto mientras el gobierno pregona la “motosierra fiscal” genera inconsistencias evidentes en la aplicación de políticas de austeridad. Los números resultan particularmente significativos si se considera que esta expansión ocurre en paralelo a los recortes anunciados en otras áreas de la administración pública.
La decisión plantea interrogantes sobre las prioridades del gobierno en materia de gasto público. Mientras las políticas de ajuste se aplican en sectores vulnerables y servicios esenciales, la Jefatura de Gabinete concentra más recursos y personal. Este patrón despierta críticas sobre la coherencia del proyecto de “orden fiscal” y genera tensiones internas dentro de la coalición gobernante respecto a cómo se distribuyen recursos en la estructura estatal.
