El juez federal Ariel Lijo ordenó esta semana el levantamiento del secreto bancario y fiscal sobre Manuel Adorni, jefe de Gabinete, y su esposa Bettina Angeletti, en una medida clave para la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La decisión responde al pedido del fiscal Gerardo Pollicita y se extiende también a sus empresas y a un grupo de mujeres identificadas como prestamistas. Los investigadores podrán acceder sin restricciones a depósitos, transferencias, inversiones y declaraciones juradas a partir del 1 de enero de 2022, momento que marca el inicio de la gestión nacional de Adorni en el Gobierno.
La orden judicial abre acceso a movimientos financieros restringidos
Con la resolución del juez Lijo, los investigadores obtienen vía libre para revisar la documentación bancaria y fiscal que hasta ahora estaba protegida por confidencialidad legal. La medida alcanza al matrimonio Adorni y a sus firmas comerciales: la consultora AS Innovación Profesional y la empresa MasBe. El objetivo es reconstruir el flujo de fondos para determinar si existen irregularidades compatibles con enriquecimiento ilícito. El fiscal Pollicita solicitó expresamente que el rastreo de datos comience en enero de 2022, permitiendo comparar el patrimonio de Adorni y su esposa antes de asumir en la gestión pública y analizar cómo variaron sus activos hasta la actualidad. Se han librado oficios al Banco Central para obtener detalles sobre cajas de ahorro, cuentas corrientes, plazos fijos, tarjetas de crédito y contenido de cajas de seguridad. La investigación es exhaustiva: también incluye búsqueda de información sobre billeteras virtuales, cuentas de pago y activos digitales. Los investigadores sospechan que los circuitos financieros declarados no coincidirían con la realidad de los ingresos declarados, especialmente considerando operaciones como la adquisición de un departamento en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito.
Múltiples frentes de investigación sobre el patrimonio de Adorni
La causa avanza en varios frentes patrimoniales simultáneamente. El fiscal Pollicita ya había puesto la mira en las refacciones de una propiedad en el club de campo Indio Cuá, motivo por el cual citó a declarar al contratista a cargo de las obras. Además, generó interrogantes la declaración testimonial de la escribana Adriana Mónica Nechevenko sobre la compra del departamento de Caballito, operación que según trascendió se habría pactado para pagarse en un año sin interés, lo cual despertó sospechas sobre su origen de fondos. Esta semana también se investigaron más de 10 viajes de Adorni al exterior, un aspecto que el fiscal espera aclarar con la documentación bancaria sobre la mesa. La investigación por enriquecimiento ilícito se mantiene en fase de instrucción y continúa sumando detalles sobre las operaciones financieras del funcionario y su círculo cercano.
La medida adoptada por el juez Lijo representa un escalón importante en la pesquisa judicial. Con acceso irrestricto a los registros bancarios y fiscales de los últimos tres años, los investigadores disponen ahora de herramientas concretas para determinar la legalidad de las operaciones financieras bajo sospecha. El fiscal Pollicita continuará recabando pruebas y citaciones a declarar a los involucrados en cada una de las operaciones patrimoniales que examina.
