La investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni continúa arrojando nuevos hallazgos. Esta semana, en una secuencia de declaraciones y peritajes judiciales, salieron a la luz detalles sobre financiamientos privados, obras de remodelación integral en inmuebles porteños y la posible direccionamiento de licitaciones millonarias hacia empresas vinculadas a la esposa del funcionario. El fiscal federal Gerardo Pollicita lleva adelante la causa que examina cómo Adorni y su círculo cercano financiaron la compra de departamentos en Buenos Aires y costosos viajes al exterior.
Prestamistas devuelven dinero y abren nuevas preguntas
El lunes, dos de las principales prestamistas de Adorni se presentaron ante la Justicia federal en Comodoro Py para declarar sobre los financiamientos que otorgaron. Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, quienes proporcionaron crédito directo para la compra de uno de los inmuebles del funcionario, confirmaron que Adorni ya restituyó 30 mil dólares. Sin embargo, según trascendió de las declaraciones, la deuda total asciende a 100 mil dólares: debe aún 70 mil más intereses, con vencimiento previsto para noviembre próximo. Ambas permanecieron casi tres horas en los tribunales sin dirigirse a los medios.
Ese mismo lunes, la investigación relevó información sobre los viajes al exterior que realizó Adorni junto con su esposa Bettina Angeletti y su familia. Los desplazamientos resultaron ser de considerable envergadura económica, lo que despertó sospechas sobre la procedencia de los fondos utilizados. El patrón emergente sugiere que el jefe de Gabinete habría utilizado financiamientos privados para costear un estilo de vida que no se condice, según la Justicia, con sus ingresos como funcionario público.
Licitaciones direccionadas y reformas millonarias bajo lupa
El martes, la Justicia federal amplió el objeto de la investigación al examinar si el Gobierno direccionó licitaciones millonarias hacia un entramado de empresas tecnológicas con vínculos entre sí. La sospecha principal apunta a que estas firmas mantendrían relaciones comerciales con la consultora de Angeletti. Si se confirma, estaríamos ante un caso de conflicto de intereses donde decisiones de compra estatal benefician directamente a la familia del jefe de Gabinete.
El miércoles, Claudia Sbabo —una de las jubiladas que financió la compra del departamento en Caballito— declaró ante el fiscal Pollicita. Ese mismo día, peritos judiciales documentaron una serie de refacciones integrales realizadas en la propiedad ubicada en el barrio porteño entre mayo y noviembre de 2025, cuando el inmueble aún estaba a nombre de Beatriz Viegas y Sbabo. Las obras fueron de envergadura: cocina completamente renovada con muebles y artefactos nuevos, dos baños refaccionados, vestidor en el dormitorio principal, pisos reemplazados en toda la unidad y refacción del lavadero. El costo de estas reformas, según documentación e imágenes analizadas, fue significativo.
Nuevas líneas de investigación se abren
El miércoles también se abrió un sumario administrativo contra la escribana que intervino en las operaciones de Adorni. El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires inició un expediente para investigar posibles irregularidades en el desempeño profesional, lo que sugiere que podrían existir vicios en la documentación de las transacciones inmobiliarias.
La causa Adorni se ha convertido en uno de los casos más complejos de la actual administración nacional. Con cada nueva declaración y peritaje, emergen interrogantes sobre cómo un funcionario de Estado pudo financiar un patrimonio aparentemente desproporcionado respecto de sus ingresos legales. El fiscal Pollicita continúa acumulando evidencia mientras múltiples actores —prestamistas, escribanos, empresarios— desfilan por Comodoro Py. Los próximos pasos de la investigación definirán si existen fundamentos para formular cargos concretos contra Adorni y su círculo cercano.
