Manuel Adorni, jefe de Gabinete del gobierno nacional, presentó finalmente su declaración jurada patrimonial correspondiente al período fiscal 2025 ante la Oficina Anticorrupción, tras varios meses de postergaciones. El documento, de carácter público, detalla la evolución de su patrimonio e incluye tenencias en criptomonedas, inmuebles en Buenos Aires y el conurbano, y fondos en cuentas bancarias del exterior. La presentación tardía generó críticas internas en el propio Poder Ejecutivo y movió a la justicia federal a solicitar información sobre sus activos.
Qué declaró el funcionario sobre su patrimonio
Según el documento oficial ingresado ante las autoridades de control, Adorni es titular del 50% de un departamento destinado a vivienda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de una propiedad ubicada en La Plata y un lote en un barrio privado de Exaltación de la Cruz, en el partido de pilar. Las valuaciones fiscales de estos inmuebles registraron actualizaciones de valor respecto a sus declaraciones iniciales al momento de asumir en la función pública.
En el capítulo de activos líquidos, la declaración detalla fondos depositados en cuentas bancarias nacionales e internacionales en moneda extranjera, además de tenencias en efectivo de dólares estadounidenses. Pero el punto más relevante es la explicación sobre el origen de sus fondos: según Adorni, el crecimiento de su patrimonio se debe a inversiones en Bitcoin realizadas de manera temprana. Esta justificación fue expresada públicamente por el funcionario en declaraciones televisivas, donde enfatizó que las utilidades obtenidas provienen del mercado digital de criptomonedas.
Reacciones políticas y pedido de la justicia
La difusión del documento generó inmediatas repercusiones en el arco político y dentro del seno del Poder Ejecutivo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manifestó públicamente sus reparos ante la situación, señalando que lo ocurrido “es más que un error”. Bullrich evidenció diferencias de criterio entre los integrantes del gabinete presidencial respecto al cumplimiento de los plazos de transparencia obligatorios.
Por su parte, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se distanció del funcionario al señalar explícitamente los retrasos administrativos en las presentaciones obligatorias. La presentación tardía de Adorni, después de meses de postergaciones, generó cuestionamientos sobre el cumplimiento de las normas anticorrupción que rigen para los funcionarios públicos de alto rango.
En paralelo, la tramitación del expediente administrativo coincide con un requerimiento del fuero federal. La justicia penal solicitó de forma urgente copias certificadas de los estados patrimoniales del vocero presidencial para analizar los flujos de fondos y determinar la consistencia legal de los activos declarados. Los magistrados intervinientes buscan descartar eventuales omisiones maliciosas en los informes públicos obligatorios que todo funcionario debe presentar.
La presentación de Adorni se convierte así en un tema sensible dentro de la administración Milei, con críticas internas de funcionarias como Bullrich y Villarruel que cuestionan tanto el retraso como la forma de justificar el aumento patrimonial. La investigación judicial en curso añade presión adicional sobre el jefe de Gabinete en materia de transparencia.
