La Cámara Nacional Electoral (CNE) encendió las alarmas esta semana por la creciente deserción de votantes jóvenes en los procesos electorales nacionales. Durante un encuentro con organizaciones de la sociedad civil, los magistrados advirtieron que los ciudadanos de entre 16 y 29 años presentan niveles de asistencia a las urnas notoriamente inferiores al promedio general del país. La preocupación es seria: mientras en 2023 la participación juvenil llegó apenas al 68,6%, el promedio nacional superó el 80%. En los jóvenes de 16 y 17 años, la brecha es aún más profunda: 20 puntos porcentuales por debajo del promedio.
La batalla por frenar la deserción electoral entre nuevas generaciones
El tribunal se reunió con referentes de CIPPEC, Poder Ciudadano, Asociación Conciencia, Pulsar.UBA y la Red Ser Fiscal para analizar cómo revertir esta tendencia preocupante. La conclusión fue unánime: el principal enemigo de la participación es la desinformación masiva y el deterioro del debate público. Ambos factores explican por qué los nuevos votantes se sienten desconectados del proceso electoral argentino.
En ese contexto, la CNE y las ONG cerraron filas en defensa de la Ley de Debate Presidencial obligatorio, una herramienta que consideran fundamental para garantizar votos informados. El mecanismo corre riesgo real: el Poder Ejecutivo impulsa una reforma electoral que busca eliminarlo. Según los magistrados, los debates son especialmente cruciales para los votantes que concurren por primera vez a las urnas, permitiéndoles comparar propuestas de forma directa.
Más allá del ausentismo, la CNE aprovechó el encuentro para ratificar el desempeño exitoso de la Boleta Única de Papel (BUP) en las últimas elecciones. Sin embargo, los jueces enfatizaron que implementarla correctamente requiere capacitación masiva en los centros de votación para evitar confusiones en el cuarto oscuro.
Educación cívica como respuesta a la crisis de participación
Desde 2012, cuando la Ley 26.774 amplió el voto joven a partir de los 16 años, se esperaba que esta medida revitalizara la participación de nuevas generaciones. Los números muestran una realidad distinta. En 2019, durante las elecciones que llevaron a Alberto Fernández a la presidencia, apenas el 63% de los jóvenes entre 16 y 29 años se acercó a las urnas. El repunte de 2023 fue más alentador, pero sigue siendo insuficiente.
La CNE y las organizaciones de la sociedad civil identificaron como necesario implementar políticas de educación cívica y formación electoral que logren conectar con las nuevas generaciones. El desafío es enorme: en una era de información fragmentada y viral, donde las noticias falsas proliferan sin control, mantener a los jóvenes interesados en los procesos democráticos se vuelve cada vez más difícil.
El tribunal ratificó su compromiso con la integridad del proceso electoral y confirmó que mantendrá canales de diálogo abiertos con el Observatorio Electoral de la Facultad de Derecho de la UBA y el Club Político Argentino para fortalecer la cultura democrática desde las bases educativas.
La batalla por recuperar a los jóvenes votantes se juega en dos frentes: uno legislativo, con la defensa de los debates presidenciales ante la reforma del Gobierno; y otro cultural, mediante políticas de educación electoral que demuestren que votar sigue siendo un acto de poder transformador para cualquier ciudadano argentino.
