La medida fue adoptada a través de la Decisión Administrativa 696/2023, publicada este martes en el Boletín Oficial y firmada por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro de Transporte, Diego Giuliano.
El objetivo es «asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de tránsito y seguridad vial» por parte de los empleados públicos que desarrollen tareas y/o funciones de conductores de vehículos oficiales.
Los choferes que estarán obligados a realizar estas capacitaciones son aquellos que formen parte de la Administración Central, organismos descentralizados y entes públicos.
La norma también establece que los titulares de los organismos, jurisdicciones y entes públicos involucrados deberán realizar un relevamiento de conductores de vehículos oficiales vinculados laboralmente, cualquiera sea el régimen de vinculación laboral vigente, dentro de los próximos 30 días.
