La condena, que recayó sobre ex teniente coronel Carlos Alberto Bulacio, incluye además la declaración de los hechos como «actos discriminatorios en contra de la mujer cometidos en un contexto de violencia de género».
Los jueces Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar consignaron también que se trató de «un acto de violencia institucional» y ratificaron la reparación de dos millones de pesos a favor de la víctima, que deberá pagar el condenado.
Según se desprende del expediente, el 23 de marzo de 2017, en una habitación del Liceo Militar General Aráoz de Lamadrid (Tucumán), Bulacio «ingresó a la habitación, a la que él mismo le había ordenado a la soldado que se dirigiera a realizar tareas de aseo y tomó a la víctima desde atrás por la cintura proponiéndole tener relaciones sexuales».
«Ante la negación, la arrinconó en una esquina de la habitación, se bajó los pantalones de gimnasia que llevaba puestos y le ordenó que le practicara sexo oral», describe la acusación.
Tras un forcejeo, la soldado voluntaria zafó de la situación y se encerró en el baño de la habitación, hasta que fue asistida por terceros advertidos de lo que estaba ocurriendo.
La Casación rechazó por unanimidad el recurso de la defensa del acusado, confirmó su condena y ordenó que se revisara la «baja» de la víctima bajo una «perspectiva de género».
El juez Yacobucci reivindicó «el principio de amplitud probatoria para acreditar hechos de violencia contra la mujer», en tanto que su colega Slokar sostuvo que «no es posible construir las reglas de una comunidad sobre la base de actitudes unilaterales de hombres que identifican a las mujeres como seres sin derechos».
La jueza Ángela Ledesma compartió la solución propuesta por sus colegas varones.
