La fundación La Alameda denunció que el Gobierno porteño fomenta el trabajo esclavo por medio de licitaciones y sobreprecios. La información declarada por las empresas que ganaron la licitación para confeccionar los uniformes de la Policía de la Ciudad indica que estas no podrían afrontar la producción necesaria para cumplir con las licitaciones por la cantidad de empleados registrados. Por lo que tiene que la tercerizar «talleristas esclavistas«.
Cómo funciona
Hay seis empresas que desde 2014 a mediados de 2017 ganaron licitaciones por más de 840 millones de pesos para confeccionar los uniformes de la fuerza porteña. Ellas son: Indumax SRL, Confecciones José Contartese y Cia. SRL, Borcal Sociedad Anónima Industrial y Comercial, Sábado Ursi SA, Segumat SA y La Bluseri SA.
Lo primero que llama la atención es que el Ministerio de Justicia siga insistiendo con La Bluseri, una empresa denunciada ya en 2009 por el entonces auditor general de la Ciudad, Eduardo Epszteyn, por sobreprecios en prendas para la Metropolitana (ver recuadro). Sin embargo, un análisis detallado de las licitaciones permite encontrar algunos datos que provocan sospechas de algo peor.
A Indumax SRL, por ejemplo, se le pagó por la «adquisición de uniformes con destino a la Policía de la Ciudad» y por la de «equipamiento para grupos de custodia, prevención y seguridad de la Policía Metropolitana» unos 498.410.571 de pesos, todo en el marco del «Plan de Seguridad Publica» del Gobierno de la Ciudad.
«Estas empresas no pueden realizar esa producción debido a la cantidad de empleados que tienen. Deben tercerizar sí o sí en un contexto donde la industria textil tiene casi la totalidad de los trabajadores en negro, esclavizados en talleres clandestinos: ¿el Estado no tendría que tomar precauciones para que esto no suceda en vez de promoverlo?», denunció Ezequiel Conde, integrante de La Alameda y referente de la Federación de Cooperativas Textiles (Fecootex)
La Alameda determinó que el 78% de las prendas que se fabrican en la Argentina proviene de talleres clandestinos donde existen prácticas de trabajo forzoso, precario o esclavo. Sólo en la ciudad de Buenos Aires existen alrededor de 3000 de estos locales que emplean a unas 30 mil personas, muchas de ellas migrantes.
Otro ejemplo es el de Indumax, la empresa que más dinero cobró. La misma tiene tres empleados y ganó licitaciones para confeccionar 26 mil remeras, chombas y pantalones. «Hay que reformar la ley de proveedores del Estado para que exista la obligación de presentar el listado de los trabajadores que realizarán las producciones debidamente registrados bajo convenio colectivo», propone Conde y destaca el ejemplo del polo textil de Barracas, donde desde 2009 se generaron puestos de trabajo «dignos» con maquinarias expropiadas a los talleristas esclavistas.
