Mientras que en el Senado goza de una muy estrecha mayoría, siempre dependiente de la ayuda de legisladores provinciales aliados, en la Cámara de Diputados sus 118 representantes lo dejan bastante más lejos de la meta.
Precisa de once diputados más para garantizar el quórum y la aprobación de leyes. En ese contexto de fragilidad, muchos de los proyectos que llegan con media sanción en el Senado quedan sepultados en la Cámara baja, como probablemente suceda cuando se apruebe la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
A Juntos por el Cambio le sucede algo similar, pero a la inversa. Si con mucho esfuerzo logra sacar adelante -en base a alianzas circunstanciales con el interbloque Federal y fuerzas provinciales- alguna iniciativa resistida por el Frente de Todos, como ocurrió con la media sanción de la Boleta Única de papel, la iniciativa tiene certificado de defunción garantizado en el Senado, donde el oficialismo tiene capacidad de veto.
En este escenario de «empate» entre las dos principales coaliciones, se resiente fehacientemente la productividad del Congreso, más allá del nivel de actividad que puedan exhibir las comisiones.
El oficialismo tiene en la cantera el proyecto con dictamen de mayoría favorable que crea un fondo para la cancelación de la deuda con el FMI en base a la repatriación de capitales fugados, pero hace cuentas y no le dan los votos para llevarlo al recinto.
El fenómeno se repita con la Ley de Compre Argentino, que Juntos por el Cambio rechaza porque considera que habilita sobreprecios en la contratación de proveedores del Estado.
El Frente de Todos también tiene intenciones de aprobar el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, pero en este caso no le está dando siquiera para dictaminar. Y la ley que crea un impuesto a la Renta Inesperada no parecería que vaya a tener un mejor destino. Se trata, en definitiva, de proyectos que tienen el candado puesto y que no llegarán al recinto hasta después del receso invernal (en caso de que alguna vez lleguen). .
A duras penas, el oficialismo consiguió la media sanción del proyecto de promoción de las Industrias Culturales, con algunos votos clave de las bancadas del medio.
Otro ejemplo de las grandes dificultades para sacar adelante proyectos tuvo lugar en la sesión del martes, con la ajustadísima aprobación del proyecto que crea una zona marina protegida denominada «Agujero Azul» en la plataforma continental argentina.
Es un proyecto de la diputada de Identidad Bonaerense Graciela Camaño, con la adhesión del bloque oficialista.
La iniciativa había sido presentada el año pasado, y hubo varios intentos fallidos para dictaminar por la indecisión de Juntos por el Cambio, que no quiso apoyar la iniciativa, y la mantenía trabada en la comisión de Intereses Marítimos.
Este año, Camaño ensayó un artilugio que el proyecto fuera girado solamente a la comisión de Legislación General, donde tenía el número de firmas necesario para dictaminar. Pero faltaba la segunda parte: conseguir los votos en el recinto.
Juntos por el Cambio hizo todo lo que tenía al alcance para boicotear la aprobación, y estuvo muy cerca de lograrlo.
La estrategia elegida fue sabotear el quórum: sus diputados, a excepción de los cuatro de Encuentro Federal (el bloque de Margarita Stolbizer y Emilio Monzó, que tiene una alianza política con Identidad Bonaerense) se levantaron de sus bancas, pero quedaron logueados 130 legisladores (entre ellos Emiliano Yacobitti, por error), apenas uno más de los necesarios para habilitar la votación.
La iniciativa quedó aprobada, pero casi de carambola, por la indisciplina política de un puñado de diputados cambiemitas. Esta circunstancia da cuenta de la compleja ingeniería de acuerdos políticos que una fuerza parlamentaria debe hilvanar para poder avanzar con una iniciativa que es resistida por otro sector. .
La ley de Alquileres es otro botón de muestra del mismo fenómeno, aunque en este caso es Juntos por el Cambio la . La oposición encabezada por Juntos por el Cambio y el interbloque Federal habían llegado a un acuerdo para reformar la ley vigente y volver a los contratos con plazo de dos años.
De hecho, firmaron en la comisión de Presupuesto un dictamen de minoría y ya habían puesto fecha (30 de junio) para tratar el proyecto en el recinto, confiados en que estaban los números.
Pero ese impulso se desinfló de la noche a la mañana cuando las agrupaciones de inquilinos reaccionaron con vehemencia en redes sociales en rechazo al artículo del proyecto opositor que habilitaba a ajustar los precios cada tres meses.
Esa reacción derivó en que los diputados de Juntos Somos Río Negro retiraran su apoyo, al igual que los misioneros del Frente de la Concordia. .
La incorporación de la cláusula de los ajustes trimestrales del precio había sido producto de la presión del PRO, a través del diputado Luciano Laspina, quien inicialmente exigió quitar la obligación de pactar un plazo determinado, dejando librada la decisión al acuerdo entre las partes.
Como salida salomónica, pactaron establecer que las actualizaciones de los valores del alquiler debían realizarse en un rango de 3 a 12 meses. La UCR y la Coalición Cívica preferían dejar el plazo en seis meses, pero cedieron en pos de llegar a un acuerdo.
En este barajar y dar de nuevo, las cartas vuelven a estar a favor de quienes alientan los ajustes semestrales. El oficialismo, en cambio, mantiene en su dictamen los trazos gruesos de la ley actual (tres años de duración de los contratos e indexación anual de los precios), y agrega un capítulo de beneficios fiscales para revertir la retracción de la oferta de inmuebles en alquiler.
El Frente de Todos no tiene apremio porque sabe que llevar el tema al recinto supone exponerse a una posible derrota. En cualquier caso, considera que la ley actual es mejor que la versión que propone la oposición. .
