El Ministerio de Capital Humano presentó este miércoles un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revertir la restitución de la pensión por viudez que percibe Cristina Fernández de Kirchner. El Gobierno nacional sostiene que la exmandataria no debería cobrar prestaciones de privilegio debido a su condena a seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad. Desde el Ejecutivo aseguran que agotarán todas las instancias judiciales para impedir que continúe accediendo a estos beneficios financiados por el Estado.
La estrategia legal del Gobierno contra la pensión de Kirchner
En el recurso presentado ante la Corte Suprema, ANSES argumentó que existe una “prohibición expresa” para el cobro del beneficio debido a la inhabilitación perpetua que pesa sobre Cristina Kirchner desde su condena penal. El organismo previsional sostuvo que la medida cautelar dictada por la Justicia de la Seguridad Social aplicó de manera errónea el derecho al considerar que el haber posee un carácter alimentario que lo protegería. Para el Ejecutivo, esto es incorrecto porque las prestaciones contempladas en la ley 24.018 tienen carácter “excepcional y extraordinario” y están vinculadas específicamente al honor, mérito y buen desempeño en el ejercicio de la función pública. El Gobierno argumenta que una persona condenada por delitos contra la administración pública no reúne estos requisitos y, por lo tanto, debe perder el acceso a estas prestaciones especiales. La presentación se realizó después de que la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazara una apelación del organismo previsional y mantuviera vigente la resolución que ordenó reanudar el pago de la pensión por viudez.
El recorrido judicial de la disputa sobre la jubilación
El conflicto comenzó en noviembre de 2024, cuando el Gobierno nacional resolvió suspender tanto la jubilación de privilegio como la pensión de la exmandataria. Esta decisión se tomó luego de que quedara firme su condena por corrupción en la causa Vialidad. En ese momento, el Ejecutivo argumentó que una persona condenada por delitos contra la administración pública no debía continuar accediendo a beneficios previsionales especiales. Desde entonces, la causa ha atravesado distintas instancias judicales con fallos, apelaciones y medidas cautelares que han generado un ir y venir de decisiones. La semana pasada, la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social confirmó la restitución provisoria de la pensión, decisión que motivó el nuevo recurso presentado por ANSES ante el máximo tribunal. Ahora la Corte Suprema deberá analizar si acepta intervenir en el expediente y revisar la decisión de la Cámara de la Seguridad Social.
Este enfrentamiento judicial entre el Gobierno y Cristina Kirchner se suma a otras medidas del Ejecutivo de Javier Milei orientadas a reducir gastos en prestaciones especiales. La resolución de la Corte Suprema podría sentar un precedente importante sobre los derechos previsionales de funcionarios públicos condenados penalmente en Argentina.
