El juez federal Sebastián Casanello envió a juicio oral y público a un grupo de financistas y empleados bancarios por contribuir a que el empresario Lázaro Báez pueda lavar 60 millones de dólares en el exterior.
Se trata de un desprendimiento de la causa conocida como «la ruta del dinero k» por la cual ya están en juicio Lázaro Báez, sus hijos, Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar, entre muchos otros.
Este desprendimiento es por haber «intervenido en la conformación de una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero para la canalización, conversión, transferencia, administración, venta, disimulo y/o puesta en circulación en el mercado, de fondos de Lázaro Antonio Báez de procedencia ilícita, en pos de cortar todo lazo con los hechos que los originaron y, posteriormente, convertirlos e integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud».
«Mediante complejos procedimientos financieros para expatriar, cuanto menos y tomando en cuenta el período 2010- 2011, una suma cercana a los 60 millones de dólares, para su posterior reintroducción en el mercado local mediante operaciones financieras, entre las que se destaca la transacción de bonos de deuda pública Argentina y su posterior liquidación en el Mercado de Valores de Rosario, activos que terminaron en las arcas de Austral Construcciones S.A», según la resolución del juez.
Así van a juicio por esta causa los financistas procesados José Alex Ariel Fallas, José Sebastián Jabbaz, Mariano Andrés Rubinowicz y Jorge Horacio Ruiz –directivos de la firma Provalor Sociedad de Bolsa-; y Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis,un ex empleado del banco Lombard Odier y su jefe, respectivamente.
Según la sospecha del fiscal federal Guillermo Marijuan el origen del dinero es «la ganancia ilegítimamente obtenida por el grupo empresario de Lázaro Báez en el marco de un amplio escenario de corrupción institucional» en la causa de la obra pública.
Desde Provalor, según la acusación, «se remitieron al exterior fondos de procedencia ilícita a través de un servicio de intermediación financiera comúnmente denominado .
compensación o cables ofrecidos en esa entidad. Y a través de ese mecanismo, se expatrió la suma de U$S 1.500.000″, explicó el juez en su resolución.
