La Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura debatirán este jueves una reforma integral del sistema de selección de jueces que busca eliminar la discrecionalidad en los concursos. El proyecto, impulsado por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, propone exámenes anónimos, uso de inteligencia artificial y límites concretos a las entrevistas personales. La iniciativa llega en un contexto crítico: más de 300 vacantes judiciales sin cubrir en todo el país.
Anonimato total y tecnología para garantizar transparencia
La reforma aprobada mediante la Acordada 4/2026 introduce cambios profundos en todas las etapas del proceso de selección. El objetivo central es que “el mérito y la idoneidad sean el vector determinante” en la designación de magistrados, según el documento al que accedió Crónica.
El examen de oposición tendrá dos instancias diferenciadas. La primera consiste en una prueba objetiva con 120 preguntas de opción múltiple sorteadas de un banco amplio. La segunda es una evaluación práctica basada en la resolución de casos reales. Todo el proceso deberá garantizar “el más absoluto anonimato” para asegurar igualdad entre los postulantes.
Un aspecto clave es la separación entre quienes elaboran los exámenes y quienes los corrigen, con sistemas informáticos auditables que permitan verificar cada paso del proceso. La Corte sostuvo en su fundamentación que debe “velar por la correcta, transparente y eficaz administración de justicia”.
Recortan el peso de las entrevistas personales
Uno de los cambios más significativos apunta a limitar la incidencia de la entrevista personal, instancia que históricamente generó sospechas de favoritismos. El tribunal advirtió que esta etapa se desarrolló “sin criterios suficientemente estandarizados”, permitiendo márgenes de discrecionalidad que afectaban la credibilidad del sistema.
Con la reforma, la entrevista reduce su peso a apenas 20 puntos sobre un total de 200. Además, se fijan pautas objetivas y se establece su realización en forma pública. El propósito es evitar que se altere el orden de mérito definido por las pruebas técnicas.
El proyecto también establece que los concursos anticipados serán la regla general, lo que permitirá “desvincular las vacantes de coyunturas políticas”. Se fija un plazo máximo de 90 días hábiles para completar cada proceso, con una prórroga excepcional de 30 días. Asimismo, se incorpora un legajo digital único y auditable para cada candidato.
La iniciativa representa el intento más ambicioso de los últimos años por modernizar un sistema que acumula críticas tanto desde el oficialismo como desde la oposición. El debate de este jueves será determinante para definir si estas modificaciones logran consenso en el Consejo de la Magistratura.
