El gobierno de Javier Milei dispuso la cesación de más de 900 ofertas tecnológicas brindadas por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) al entramado productivo nacional. La medida fue formalizada mediante una resolución del Consejo Directivo del organismo y desató críticas inmediatas desde la oposición, que advierte sobre la “aniquilación” de una institución clave para el desarrollo industrial argentino.
Un desmantelamiento sistemático según la oposición
El economista Hernán Letcher denunció públicamente la decisión a través de redes sociales, calificándola como parte de una “política sistemática de desarticulación” del INTI. Según su análisis, el gobierno no solo cierra programas, sino que también asfixia operativamente al instituto al no autorizar los viáticos necesarios para que los equipos técnicos realicen visitas a empresas —una instancia central para la prestación de servicios de asistencia técnica e innovación.
Letcher detalló que en paralelo se paraliza la vinculación institucional. El gobierno no promueve nuevos convenios entre el INTI y empresas privadas, mientras que los acuerdos existentes se suspenden, se dejan caer o directamente se anulan. Esta acción responde a una secuencia de recortes: desde junio de 2024 se eliminan o modifican líneas de trabajo a razón de una o dos por mes, según el crítico.
El economista también denunció que en octubre de 2024 se cesaron las competencias del Servicio Argentino de Calibración. En diciembre de ese año, mediante la Resolución 213/25, el INTI dejó de cumplir funciones en metrología legal, calibración y aprobación de modelos de instrumentos de medición. Estas son áreas críticas para la industria nacional, que depende de estos servicios para garantizar calidad y cumplir con estándares internacionales.
Críticas por abandonar la industria nacional
Desde el arco opositor sintetizaron la medida con una frase contundente: “El país de Milei prescinde de la industria”. Los críticos señalan que el cierre de estas 900 ofertas tecnológicas es coherente con una política más amplia de achicamiento del Estado, pero cuestionan el costo para el sector productivo nacional.
El INTI es una institución histórica que durante décadas ha prestado servicios de investigación, desarrollo tecnológico y asistencia técnica a pequeñas, medianas y grandes empresas. Ofrece calibración de instrumentos, asesoría en procesos de producción, innovación en materiales y otras prestaciones que son especialmente valiosas para las pymes que no pueden costear servicios privados similares.
Los detractores de la medida argumentan que al desmantelar estas capacidades, el gobierno debilita la competitividad de la industria argentina en un contexto económico ya complicado. Las 900 ofertas tecnológicas que se cerraron no son servicios marginales, sino programas directos de vinculación entre el conocimiento científico-tecnológico estatal y el sistema productivo nacional.
La decisión forma parte de una estrategia más amplia del gobierno de Milei de reducir el tamaño del Estado y sus instituciones. Sin embargo, la oposición advierte que esta reducción afecta herramientas que consideran esenciales para sostener la industria local y generar empleo de calidad en el sector manufacturero.
Los próximos meses dirán si esta política genera presión política suficiente para que se revise la decisión o si el gobierno mantiene su rumbo de desmantelamiento institucional, independientemente del impacto en la industria nacional.
