El gobierno de Javier Milei modificó sustancialmente el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que sanciona empresas por la explotación ilegal de hidrocarburos en Malvinas. Las reformas llegaron tras advertencias formales de funcionarios de la administración Donald Trump respecto del impacto en sus compañías. La Cámara de Diputados votará el dictamen de mayoría este martes a las 16, en un plenario de comisiones donde persisten dudas sobre la consecución de las firmas necesarias para avanzar.
Las modificaciones que debilitaron el proyecto original
El texto impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo fijaba un severo esquema de sanciones contra empresas y Estados extranjeros que exploten ilegalmente recursos argentinos en Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y espacios marítimos correspondientes. El apartado más controvertido apuntaba contra firmas vinculadas al desarrollo petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas, liderado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas, así como sus socios comerciales. Como resultado de las gestiones internacionales, el Gobierno aceptó acotar las penalidades exclusivamente a operadoras directas, licenciatarias, proveedoras directas o accionistas directos que ejecuten negocios ilegales en territorio argentino. Los fondos de inversión indirectos con participaciones accesorias en las petroleras quedarían eximidos de responsabilidad, una concesión sustancial respecto de la iniciativa original. Esta flexibilización protege a inversores estadounidenses con participaciones indirectas en estos proyectos, evitando represalias comerciales de la administración Trump.
La diplomacia estadounidense presionó detrás de escenas
La reunión clave ocurrió cuando el presidente Milei recibió en su despacho al subsecretario de Estado Christopher Landau, representante directo de la administración Trump. Durante el encuentro, funcionarios estadounidenses advirtieron sobre las probables consecuencias que el primer capítulo del proyecto original podría causar sobre sus firmas corporativas. La Casa Rosada supervisó directamente el plenario convocado para este martes, que reúne a las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores, Legislación Penal y contará con la participación de Martín D’Alessandro y Norma Morandini de Poder Ciudadano. El Ejecutivo marca los límites de la discusión y define qué modificaciones conceder a la oposición dialoguista, diferente a otros proyectos legislativos. Las negociaciones reflejan la postura del gobierno de priorizar la relación con Washington sobre medidas de soberanía que enfrenten intereses estadounidenses, un giro respecto de la retórica nacionalista que caractverizó gobiernos anteriores sobre la cuestión Malvinas.
La votación de este martes será crucial para medir la capacidad del oficialismo de garantizar los avales necesarios. Aunque el proyecto mantiene sanciones contra quienes exploten recursos en las islas, las modificaciones debilitaron significativamente su alcance y reflejan el nuevo equilibrio de poder en política exterior argentina bajo la administración Milei, donde la alineación con Estados Unidos prevalece sobre historias reclamos de soberanía territorial.
