Un año después de que la Justicia determinara su prisión domiciliaria, Cristina Kirchner volvió a asomarse al balcón de su departamento en San José 1111 para saludar a militantes peronistas que se concentraron en la zona para exigir su liberación. La convocatoria convocó a integrantes del PJ porteño en un acto que comenzó con una feria del libro y mesas de afiliación, y alcanzó su momento central con discursos que cuestionaron la sentencia condenatoria y denunciaron “persecución política” contra la ex presidenta.
Un acto de repudio a la condena judicial
Kelly Olmos, ex ministra de Trabajo durante la gestión de Alberto Fernández, fue una de las principales oradoras del acto. “Hace un año, la injusticia de este país, los tribunales atados a los intereses económicos concentrados de la Argentina, condenaron y pusieron presa a la compañera Cristina Fernández de Kirchner”, sostuvo ante la militancia reunida en la calle. La diputada nacional de Unión por la Patria llamó a mantener activa la bandera peronista y reclamó que “no hay peronismo con proscripción”. Olmos convocó a la militancia a fortalecer los valores históricos del movimiento mediante la lucha cotidiana en cada barrio. “El peronismo no baja los brazos y vamos a volver”, arengó a los presentes.
Mariano Recalde, senador nacional y referente de La Cámpora, profundizó las críticas hacia la Justicia. Argumentó que la condena contra Kirchner “no tiene nada de jurídico, pero mucho de político” y acusó a los jueces de actuar como “marionetas” de intereses concentrados. Recalde enfatizó que los magistrados que la condenaron “no quieren que haga política” y denunció que las restricciones impuestas a la ex presidenta exceden cualquier medida aplicada a otros detenidos con prisión domiciliaria en el país, incluso a narcotraficantes y genocidas procesados por crímenes atroces.
Restricciones y persecución política
El senador bonaerense argumentó que las limitaciones impostas a Kirchner van mucho más allá de las condiciones normales de una prisión domiciliaria. Señaló que cuando la ex presidenta comenzó a organizar reuniones, hablar públicamente y desarrollar actividades políticas, las autoridades “profundizaron la persecución” reforzando las restricciones. Recalde criticó que estas medidas buscan impedir que Cristina ejerza actividad política y que el pueblo se organice a través de canales democráticos. “No quieren la justicia social, no quieren que el pueblo se organice a través de la política y le ponga un freno a los poderosos”, afirmó el dirigente.
El acto reafirmó el posicionamiento del peronismo porteño respecto a la condena contra Kirchner, presentándola como expresión de una persecución política contra el movimiento. Los oradores coincidieron en caracterizar la sentencia como un instrumento de control social sobre la oposición y la organización popular, más que como resultado de un proceso judicial transparente e imparcial.
La concentración de militancia en San José evidencia la continuidad de la movilización peronista en torno a la figura de Cristina Kirchner, manteniendo activa una demanda política que trasciende el caso judicial y se encuadra en la disputa sobre el rol de la Justicia en la Argentina contemporánea.
