La diputada nacional Marcela Pagano presentó este lunes ante la Justicia una solicitud de detención contra Manuel Adorni, jefe de Gabinete del gobierno nacional, acusándolo de entorpecer la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y de apretar a un testigo. El pedido surgió después de que trascendiera que Adorni se habría comunicado con el contratista Matías Tabar para solicitarle que hablara “con su equipo” antes de declarar como testigo en la causa que lo involucra. Pagano, ex integrante de La Libertad Avanza e integrante del bloque Coherencia, presentó la demanda ante el juez federal Ariel Lijo con documentación sobre los presuntos intentos de condicionar la testimonial.
El intento de presión sobre el testigo clave
Matías Tabar, el contratista a cargo de las refacciones que Adorni financió en su propiedad del country Indio Cuá, compareció este lunes ante el fiscal federal Gerardo Pollicita para declarar como testigo. En su testimonio, Tabar confirmó haber cobrado 245.000 dólares en efectivo por los trabajos de remodelación realizados en la casa del funcionario. Según consta en el acta de la testimonial, Adorni se comunicó previamente con la empresa constructora para pedir que el contratista hablara “con su equipo” antes de presentarse ante la Justicia a prestar declaración bajo juramento. Esta comunicación, que buscaba condicionar el relato del testigo, quedó documentada en los registros de la causa y fue reportada en Tribunales. El abogado de la empresa constructora orientó a Tabar a no comunicarse con nadie y a presentarse en los juzgados con toda la documentación y detalles de la información en su poder, indicación que finalmente cumplió.
La doctrina IRURZUN y las consecuencias legales
En su presentación ante el juez Lijo, Pagano sostuvo que los hechos constituyen “un claro entorpecimiento de la investigación” y solicitó que se aplique la doctrina IRURZUN, un criterio judicial que justifica la prisión preventiva de ex funcionarios o personas con poder cuando existe presunción de que sus lazos funcionales o “relaciones residuales” pueden obstaculizar la investigación penal. Pagano denunció en su comunicado que Adorni habría intentado “apretar” al testigo a través de WhatsApp y le habría ofrecido beneficios a cambio de tergiversar su declaración. La legisladora subrayó la gravedad de los hechos, enmarcándolos en un contexto de obstrucción de justicia que trasciende los aspectos puramente administrativos de la causa. El pedido de Pagano se suma a otras denuncias sobre la conducta del jefe de Gabinete en investigaciones judiciales pendientes.
La causa por enriquecimiento ilícito de Adorni continúa su curso en la justicia federal porteña, con nuevos elementos de prueba que refuerzan las acusaciones contra el funcionario. La presentación de Pagano marca un punto de quiebre en la política interna de La Libertad Avanza y plantea interrogantes sobre los límites institucionales en los casos que involucran a altos funcionarios del ejecutivo nacional.
