El expediente, que lleva el número 67387/2020, tramita ante la Sala C de la Cámara Civil y se caratula «Saadi, Ramón Eduardo y otros c/Carrió Elisa María Avelina s/daños y perjuicios» se inició en diciembre de 2020.
Ramón Eduardo, Alicia Arminda y Luis Alberto Saadi, integrantes de una familia catamarqueña vinculada históricamente a la política a través del PJ, denunció que el 4 de mayo de 2019, en el marco de una gira proselitista, Carrió pronunció un discurso en San Francisco, provincia de Córdoba, «frente a vecinos, militantes partidarios, dirigentes políticos y periodistas asistentes».
«En ese acuerdo del norte, vía Catamarca Saadi, entraba por Cruz del Eje la droga a Córdoba para el Valle de Punilla. Con el avance de la ruta 34 que va directamente a Rosario, ustedes están en un lugar de paso que puede hacer negocios, consumir. Y hay complicidad policial», expresó Carrió en aquella oportunidad.
«Carrió realizó esas manifestaciones asertivas mientras hacía uso de la palabra durante un acto partidario abierto al público, llevado a cabo en el contexto de la campaña electoral en apoyo a las candidaturas de Mario Raúl Negri y Héctor Walter Baldassi, postulantes a gobernador y vicegobernador de la provincia de Córdoba, respectivamente, por el Frente Córdoba Cambia, con vistas a las elecciones provinciales del día 12 de mayo de 2019», explicó la denuncia.
Para los Saadi, las expresiones de Carrió fueron «gravísimas imputaciones injuriosas, calumniosas y difamatorias, lesivas al honor y a la reputación», por lo que pidieron una condena económica de 300 mil pesos «estipulada al 4 de mayo de 2019, en favor de cada uno de los aquí accionantes», más «la publicación de una desmentida categórica, circunstanciada y referenciada respecto de los agravios, descrédito, deshonra y/o menoscabo del buen nombre de los actores en los diarios de circulación nacional Clarín, La Nación y Página 12, en el diario La Voz del Interior, de la provincia de Córdoba, en el diario El Ancasti, de la Provincia de Catamarca».
Carrió planteó que la causa debía tramitar no ante la justicia Civil ordinaria sino ante el fuero en lo Civil y Comercial Federal, lo que estableció un conflicto de competencia aún irresuelto.
El último acto relevante en el expediente ocurrió el 28 de diciembre del año pasado, cuando el fiscal ante la Cámara en lo Civil Javier Lorenzutti dictaminó que el expediente debía tramitar ante el fuero Civil.
La causa está a la espera de un pronunciamiento de la Cámara para comenzar a discutir el fondo de la cuestión dos años después de la presentación de la denuncia.
