Mariano Federici, ex titular de la Unidad de Información Financiera durante el gobierno de Mauricio Macri, cuestionó duramente la actuación de Adriana Nevechenko, la escribana que intervino en las operaciones inmobiliarias de Manuel Adorni. Según el especialista en prevención de lavado de activos, la notaria habría incumplido obligaciones legales específicas al no verificar el origen de los fondos con los que el vocero presidencial adquirió propiedades mediante un préstamo de 200 mil dólares sin intereses.
Las obligaciones legales que la escribana habría omitido
Federici explicó a través de la red social X que los escribanos argentinos son sujetos obligados bajo el artículo 20 de la Ley 25.246, lo que implica cumplir con obligaciones preventivas para evitar ser utilizados en operaciones de lavado de activos. El ex funcionario detalló que la Resolución UIF 242/2023 establece normas específicas que los notarios deben respetar en cada operación que certifican.
Según el especialista, el artículo 13 inciso “h” de dicha resolución obliga a los escribanos a cumplir con deberes reforzados cuando intervienen Personas Expuestas Políticamente, categoría en la que claramente se encuentra el vocero presidencial. Además, el inciso “j” establece la obligación de solicitar una declaración jurada sobre la licitud y origen de los fondos involucrados en la transacción.
La escribana Nevechenko declaró ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita que desconocía el origen de los fondos con los que Adorni adquirió las propiedades, una respuesta que para Federici evidencia el incumplimiento de sus deberes profesionales.
El préstamo sin intereses que despertó sospechas
El ex titular de la UIF también se refirió a las características inusuales del préstamo que recibió Adorni. El artículo 25 de la normativa prevé situaciones que deberían alertar al escribano, entre ellas las operaciones de financiación con condiciones poco habituales en el mercado crediticio. Federici mencionó específicamente los casos de plazos inusualmente cortos o largos, tipos de interés muy por encima o por debajo de lo normal, y la ausencia de garantías para el acreedor.
En el caso del vocero presidencial, las prestamistas —descritas como ancianas— decidieron no cobrarle intereses por los 200 mil dólares, una condición que para el especialista carece de explicación lógica y debería haber encendido las alertas correspondientes.
Federici advirtió que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución UIF 242/2023 puede acarrear sanciones administrativas por parte de la Unidad de Información Financiera, sin perjuicio de eventuales consecuencias penales. La causa judicial continúa su curso mientras se investigan las operaciones patrimoniales del funcionario libertario.
