Un operativo policial simultáneo en Quilmes y Berazategui culminó con la detención de Fernando Ochoa (h), un abogado de aproximadamente 40 años, acusado de encabezar un esquema sistemático de fraude que habría causado un perjuicio económico superior a los 500 mil dólares. El principal procedimiento se realizó en su estudio jurídico ubicado en pleno centro de Quilmes, sobre avenida San Martín. Paralelamente, los investigadores allanaron su domicilio en Hudson. Durante los operativos, secuestraron alrededor de 20 tarjetas de crédito, computadoras y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes informáticos para reconstruir las maniobras delictivas.
El mecanismo de estafa con datos biométricos
Según la investigación, Ochoa habría cometido al menos siete hechos de estafa mediante un mecanismo sofisticado que incluía el uso fraudulento de datos biométricos de sus propios clientes. El modus operandi era relativamente simple pero efectivo: contactaba a sus clientes y les solicitaba selfies e información personal bajo el pretexto de avanzar en la digitalización de expedientes judicales. Con esos datos biométricos comprometidos, el abogado presuntamente abría cuentas bancarias a nombre de las víctimas, gestionaba tarjetas de crédito y solicitaba préstamos sin su consentimiento.
La operatoria permitía que Ochoa utilizara el acceso a las cuentas bancarias de sus clientes para realizar transferencias y disposiciones de dinero de los créditos obtenidos ilegalmente. El delito se configuraba como robo de identidad agravado, ya que aprovechaba la relación de confianza profesional que sus clientes depositaban en él. Los investigadores creen que la cantidad de víctimas podría ser superior a la de hechos formalmente denunciados, por lo que amplían el relevamiento de casos.
Investigación en curso y proyecciones
El material incautado durante los allanamientos será fundamental para la continuidad de la investigación. Los peritajes informáticos permitirán rastrear todas las operaciones realizadas desde las computadoras del estudio y los dispositivos móviles del imputado. Los investigadores buscan establecer la cadena de transferencias bancarias, identificar las instituciones financieras involuntarias en el fraude y determinar si existieron cómplices que facilitaron la apertura de cuentas con datos falsos o robados.
El caso representa una alerta sobre los riesgos que enfrentan los clientes que confían información sensible a profesionales. Aunque Ochoa fue detenido, la causa aún se encuentra en etapa de investigación. El fiscal debe determinar si hay otros implicados en la red de fraude y si las instituciones bancarias que permitieron la apertura de cuentas con datos biométricos robados tendrán responsabilidades en lo que respecta a controles de seguridad insuficientes.
El caso abre un debate sobre la seguridad de los datos biométricos en contextos profesionales y la necesidad de mayores controles en las instituciones financieras para prevenir estafas de esta naturaleza. Las víctimas enfrentan ahora un largo proceso legal para recuperar sus fondos y reparar sus registros crediticios comprometidos.
