El Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba fijó para el próximo 21 de abril el inicio de la audiencia que determinará si los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro incurrieron en mal desempeño grave y negligencia en la investigación del crimen de Nora Dalmasso. El resultado del proceso podría derivar en la destitución de los tres acusados. El caso, que conmocionó a la provincia hace más de una década, mantiene abiertos interrogantes sobre cómo se llevó adelante la pesquisa que nunca llegó a una condena.
La acusación contra los fiscales
El Jurado de Enjuiciamiento, órgano responsable de investigar la conducta funcional de magistrados y fiscales, iniciará formalmente el proceso contra Di Santo, Miralles y Pizarro el 21 de abril. La acusación formal sostiene que los tres funcionarios incurrieron en presunto mal desempeño grave y negligencia manifiesta durante la investigación del homicidio de Nora Dalmasso, ocurrido el 25 de noviembre de 2006 en la localidad de Río Cuarto. La imputación apunta a que los fiscales no cumplieron adecuadamente con sus obligaciones investigativas, lo que habría impedido esclarecer los hechos y llegar a una sentencia condenatoria. Este es un paso significativo en un expediente que ha generado críticas sobre la eficiencia de la justicia penal en Córdoba y la falta de resultados concretos tras casi dos décadas.
El crimen de Dalmasso, ingeniera agrónoma de 51 años, fue cometido con violencia extrema en su domicilio. Desde entonces, múltiples hipótesis circularon, varias investigaciones se abrieron y cerraron, y la falta de avances generó descontento en la sociedad cordobesa. La responsabilidad penal nunca fue establecida definitivamente, lo que alimentó sospechas sobre si la pesquisa fue conducida adecuadamente o si existieron omisiones que obstaculizaron la justicia.
Antecedentes y proyección del proceso
La decisión del Jurado de Enjuiciamiento representa un punto de inflexión en cómo se evalúa el desempeño de la administración de justicia en este caso emblemático. Si se comprueba que los fiscales incurrieron en negligencia grave, podrían ser destituidos de sus cargos, un escenario que tendría repercusiones en la magistratura cordobesa. La audiencia que se iniciará el 21 de abril permitirá a los tres acusados presentar su defensa y cuestionar las imputaciones en su contra. Ambas partes presentarán pruebas y argumentos para sustentar sus posiciones sobre el cumplimiento de las obligaciones legales en la investigación.
Este proceso también abre una puerta para que se revisen públicamente los pasos tomados durante las pesquisas iniciales y posteriores. Expertos en justicia penal han señalado que casos como el de Dalmasso exponen vulnerabilidades en los sistemas investigativos y la importancia de mecanismos de control sobre el desempeño de los operadores judiciales. La audiencia contará con la participación de magistrados del Jurado de Enjuiciamiento, quienes escucharán testimonios y evaluarán documentación relacionada con las decisiones y acciones tomadas por Di Santo, Miralles y Pizarro.
Con el inicio de la audiencia el 21 de abril, Córdoba reabre un capítulo pendiente de su memoria judicial. Más allá del resultado, el proceso simboliza el esfuerzo por responsabilizar a los funcionarios por sus actuaciones y buscar claridad sobre decisiones que marcaron el rumbo de una investigación que nunca cerró satisfactoriamente para la opinión pública.
